El gobierno de Abelardo de la Espriella estaría encaminado a retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional y denunciar el Estatuto de Roma, según información extraoficial revelada por Caracol Radio. La decisión, atribuida a fuentes consultadas en La Haya, no ha sido confirmada de manera oficial por la Presidencia de la República ni por la Cancillería colombiana, pero marcaría un giro radical en la política exterior nacional, alineada con un creciente acercamiento a Estados Unidos e Israel y bajo presión de la administración estadounidense para debilitar el tribunal internacional.
El posible procedimiento de retiro implicaría la presentación de una notificación escrita al secretario general de Naciones Unidas, y de acuerdo con lo estipulado en el propio Estatuto de Roma, la salida no sería inmediata sino que entraría en vigor exactamente un año después de recibida dicha comunicación. Durante ese periodo de transición, la CPI podría mantener competencia para investigar y juzgar hechos ocurridos mientras Colombia fue Estado Parte, lo cual abre interrogantes sobre el futuro de los procesos de justicia transicional que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente aquellos contra la antigua cúpula de las Farc.
Colombia y la CPI: dos décadas de compromiso en la balanza
Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde el año 2002, luego de que el Congreso de la República aprobara el tratado mediante la Ley 742 de ese mismo año y la Corte Constitucional declarara su constitucionalidad. Este paso implicó incluso una modificación de la Constitución colombiana para reconocer explícitamente la jurisdicción de la CPI, un tribunal de carácter complementario que solo puede intervenir cuando los sistemas judiciales nacionales no actúan genuinamente frente a los crímenes más graves de la comunidad internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Una eventual salida de Colombia no sería un hecho aislado en la región. Venezuela notificó su denuncia del Estatuto de Roma el pasado 24 de julio de 2026, fecha a partir de la cual se activó el periodo de un año para que la salida se haga efectiva, prevista para el 24 de julio de 2027. Este antecedente demuestra que la denuncia no implica una ruptura instantánea y que las investigaciones por hechos ocurridos durante el tiempo en que el Estado estuvo vinculado al tratado no se borran automáticamente.
«Fuentes consultadas en La Haya dan por segura la salida de Colombia»
Caracol Radio
Presión internacional y nuevo rumbo diplomático
El posible retiro de Colombia se inscribe en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos contra la CPI. La administración de Donald Trump intensificó acciones dirigidas a debilitar el tribunal y, en julio de 2026, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hizo un llamado explícito a países latinoamericanos para que abandonaran el Estatuto de Roma. Cabe recordar que Estados Unidos nunca ratificó el tratado que dio origen a la Corte, lo que ha generado una histórica tensión entre Washington y La Haya.
Para Colombia, la decisión modificaría sustancialmente el escenario de cooperación y supervisión internacional alrededor de su sistema de justicia transicional. La CPI no reemplaza a la justicia colombiana ni funciona como una instancia de apelación de la JEP, pero su papel de vigilancia complementaria ha sido un factor constante en el balance de los procesos de paz. Durante el año de transición que restaría a partir de la notificación, el tribunal podría conservar competencia sobre determinados hechos relacionados con Colombia, mientras que la denuncia del tratado no eliminaría automáticamente todas las obligaciones adquiridas como Estado Parte.
