Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 2628 de 2026, una normativa que establece medidas de atención integral, protección e inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares. La ley, sancionada el 26 de agosto de 2026, ordena al Gobierno nacional formular una Política Pública de Atención, Acompañamiento y Protección, con el objetivo de unificar las medidas que hasta ahora se encontraban dispersas en distintas normas y programas. La iniciativa busca garantizar una atención basada en derechos, abarcando salud, educación, empleo y acompañamiento, y surge del reconocimiento de que el país necesitaba un marco legal nacional que respondiera a las necesidades específicas de esta población.
El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la promulgación, para elaborar la política pública, mientras que el Ministerio de Trabajo dispondrá del mismo período para crear una ruta de acción que facilite la inserción laboral. La ley aplica no solo al TEA, sino también al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), trastornos del aprendizaje, síndrome de Rett y otros diagnósticos asociados al neurodesarrollo. Asimismo, se crea un Comité Nacional de Inclusión, que deberá articularse con el Sistema Nacional de Discapacidad, evaluar la aplicación de la normativa y presentar un informe anual. La participación de personas con TEA, familiares, cuidadores, organizaciones sociales y sectores académicos queda garantizada en el diseño de la política.
Avance histórico y deudas pendientes
Martha Rocío González, decana de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana, calificó la aprobación de la ley como un avance histórico para Colombia. “Por primera vez el país contará con un marco legal nacional que reconoce las necesidades específicas de las personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, y orienta la acción del Estado hacia una atención integral basada en derechos”, afirmó. Por su parte, Leidy Evelyn Díaz Posada, directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la misma universidad, destacó que la normativa constituye un punto de partida. “Una ley nunca es un fin, pero sí constituye un punto de partida para el reconocimiento de las poblaciones y el avance hacia el cumplimiento efectivo de sus derechos”, señaló. No obstante, Díaz Posada también advirtió que lo ideal sería contar con una política de Estado que cubriera a todos los grupos poblacionales priorizados en los procesos inclusivos, en vez de tener leyes para cada grupo por separado.
“La aprobación de esta ley representa un avance histórico para Colombia. Por primera vez el país contará con un marco legal nacional que reconoce las necesidades específicas de las personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, y orienta la acción del Estado hacia una atención integral basada en derechos”
Martha Rocío González, decana Facultad de Ciencias del Comportamiento, Universidad de La Sabana
La Ley 2628 incluye disposiciones para la actualización del protocolo clínico de diagnóstico, la atención con equipos interdisciplinarios, la entrega de información suficiente y comprensible a las familias sobre los servicios disponibles, la capacitación docente y la inserción laboral con oferta específica del Ministerio del Trabajo y el Sena. También ordena campañas nacionales de sensibilización y apoyo al fortalecimiento de organizaciones de familiares y cuidadores, además de incentivos y estrategias para favorecer la contratación y permanencia laboral en los sectores público y privado. Con esta ley, Colombia busca cerrar brechas y avanzar hacia una inclusión real y efectiva de las personas con trastornos del neurodesarrollo.
