Colombia se encamina a cerrar 2026 con un récord histórico de 26.640 solicitudes de insolvencia de personas naturales, de las cuales cerca de 14.000 terminarían sin acuerdo de pago, según la proyección más reciente del Fondo de Garantías (FGA). La vicepresidenta corporativa de la entidad, Adriana Correa Restrepo, reveló que el incremento es exponencial y refleja el sobreendeudamiento de hogares y pequeños comerciantes, agravado por la mayor cobertura legal que trajo la Ley 2445 de 2025.
Las cifras muestran una escalada sin precedentes. En 2024 se registraron 10.441 procesos, mientras que en 2025 la cifra saltó a 18.726, lo que representa un crecimiento del 76%. En lo que va de 2026 ya se superan las 9.500 solicitudes, y el FGA estima que el año cerrará con 26.640 casos, un récord absoluto en el país. De ese total, más de la mitad —aproximadamente 14.000— no lograrían un acuerdo de pago con los acreedores, lo que enciende las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema.
El impacto de la Ley 2445 y el sobreendeudamiento
La entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025 extendió el alcance del régimen de insolvencia a sectores antes excluidos, permitiendo que más personas naturales no comerciantes accedan a procesos formales de negociación. Esto, sumado a la crisis financiera que enfrentan muchas familias y pequeños negocios, ha disparado las solicitudes. Adriana Correa destacó que “esta figura cumple un papel importante porque les permite a muchas personas reorganizar sus obligaciones y buscar una segunda oportunidad financiera”.
«Esta figura cumple un papel importante porque les permite a muchas personas reorganizar sus obligaciones y buscar una segunda oportunidad financiera»
Adriana Correa Restrepo, vicepresidenta corporativa del Fondo de Garantías (FGA)
Sin embargo, la alta proporción de procesos sin acuerdo —más de la mitad— es motivo de preocupación. Según la vicepresidenta del FGA, “su crecimiento acelerado también exige una conversación seria sobre sostenibilidad, cultura de pago y capacidad operativa del sistema”. El riesgo inmediato es que los bancos y demás acreedores endurezcan las condiciones crediticias, generando un círculo vicioso de exclusión financiera para hogares y pequeños comercios que más necesitan acceso al crédito.
«Su crecimiento acelerado también exige una conversación seria sobre sostenibilidad, cultura de pago y capacidad operativa del sistema»
Adriana Correa Restrepo, vicepresidenta corporativa del Fondo de Garantías (FGA)
El Fondo de Garantías insiste en que la insolvencia no debe ser vista como una vía para evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero. “La insolvencia no puede entenderse como una forma de evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero y preservar la confianza entre deudores y acreedores”, afirmó Correa. El desafío inmediato, agrega la entidad, es mejorar la calidad y ejecutabilidad de los acuerdos alcanzados, así como reforzar la educación financiera y promover una cultura de cumplimiento entre los deudores.
«La insolvencia no puede entenderse como una forma de evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero y preservar la confianza entre deudores y acreedores»
Adriana Correa Restrepo, vicepresidenta corporativa del Fondo de Garantías (FGA)
Ante este panorama, el llamado de los expertos es a fortalecer los mecanismos de asesoría previa a la solicitud de insolvencia, así como a diseñar alternativas que permitan a los deudores cumplir con los acuerdos sin caer nuevamente en el sobreendeudamiento. La proyección de 26.640 casos para 2026 no solo marca un récord, sino que impone una prueba de fuego al sistema de insolvencia colombiano, cuya capacidad operativa y de respuesta está en el centro del debate.
