El Estado colombiano ha reconocido su responsabilidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra el profesor y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata, quien fue asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia, Antioquia. Esta admisión se produce tras la sentencia emitida en febrero de 2026 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el caso Jesús Ramiro Zapata vs. Colombia, según un comunicado reciente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
Jesús Ramiro Zapata, sindicalista y cofundador del Comité de Derechos Humanos de Segovia, enfrentó amenazas, hostigamiento, persecución judicial, desplazamiento forzado, un retorno sin garantías de seguridad y finalmente su asesinato, en un contexto de más de dos décadas sin una investigación diligente por parte del Estado. La Cidh determinó que el gobierno incumplió su deber de proteger al defensor ante las amenazas y el hostigamiento, instrumentalizó el poder punitivo del Estado y falló en el control de la seguridad laboral en una zona de alto conflicto, lo que estigmatizó a Zapata y aumentó su riesgo, vinculándolo infundadamente a grupos guerrilleros mediante actividades de inteligencia e investigaciones penales sin base.
Violaciones y fallas estatales identificadas
La sentencia de la Cidh concluye violaciones al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la honra y dignidad, las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho al trabajo. Zapata había denunciado la colaboración entre paramilitares y agentes estatales en crímenes ocurridos durante los años 80 y 90 en la región, lo que derivó en medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su protección, las cuales no fueron efectivas.
«La sentencia reafirma el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la reparación integral de las víctimas.»
César Palomino Cortés, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Como medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado continuar con investigaciones exhaustivas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, rectificar y desclasificar archivos de inteligencia, erigir un memorial, producir un documental sobre la vida y labor de Zapata, otorgar indemnizaciones y brindar atención médica y psicológica a las víctimas. Estas acciones buscan reivindicar la lucha del profesor por los derechos humanos en Segovia y poner fin a la prolongada impunidad.
«La decisión representa un paso importante para la reparación de las víctimas y la reivindicación de la vida y labor de Jesús Ramiro Zapata en la defensa de los derechos humanos en Segovia.»
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje)
El comunicado de la Andje, emitido tras la notificación de la sentencia, subraya el impacto de este fallo en el contexto de violencia sistemática contra defensores de derechos humanos en Colombia, destacando la necesidad de fortalecer las garantías estatales para evitar futuros casos de impunidad.
