Textos y Fotos: Presidencia de la República
El terremoto que sacudió a gran parte del occidente y el centro del país, el pasado 10 de agosto, se convirtió en la primera gran prueba de capacidad de respuesta para el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella. El sismo, registrado a las 7:34 de la mañana con una magnitud de 7,4 grados, derivó en una emergencia de impacto nacional que impulsó al Ejecutivo a pasar, en pocos días, de la atención inmediata de la tragedia al diseño y puesta en marcha de una estrategia integral de reconstrucción.
El balance presentado por el Gobierno dimensiona el tamaño del desafío: 452.782 colombianos, agrupados en 213.400 familias, resultaron afectados en 497 municipios de 16 departamentos. El terremoto deja 331 personas fallecidas, 4.497 heridas y 152 desaparecidas.
La infraestructura también sufrió daños de gran magnitud. El reporte oficial registra 35.987 viviendas destruidas y 198.601 averiadas, además de afectaciones en 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes vehiculares y 482 vías.
Para responder con contundencia frente a este escenario nació el Plan Milagro, creado por el Gobierno del Presidente De La Espriella como una estrategia que busca ir más allá de la respuesta humanitaria y organizar la reconstrucción bajo parámetros de coordinación institucional, participación privada, transparencia y presencia permanente en los territorios.
Del rescate a la reconstrucción
La primera etapa estuvo concentrada en salvar vidas, atender a los heridos, garantizar alojamiento y llevar alimentos y suministros a las comunidades afectadas. En las primeras semanas participaron 1.849 rescatistas oficiales y 54 grupos nacionales e internacionales, además de 144 rescatistas extranjeros.
Sin embargo, la magnitud de los daños hizo evidente que la emergencia no podía limitarse a la fase de rescate y atención humanitaria. El verdadero desafío era reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, vías, sistemas de servicios públicos y las condiciones productivas de las comunidades afectadas.
Esa transición se constituye en uno de los principales retos políticos y administrativos del Plan Milagro: pasar de la emergencia a una reconstrucción planificada sin abandonar la atención de las víctimas ni la búsqueda de las personas desaparecidas.
“Ninguna familia puede sentir que el Estado dejó de buscar a uno de los suyos», enfatizó el Presidente De La Espriella.
Cinco pilares para reconstruir las regiones
El Plan Milagro se estructura sobre una alianza multisectorial que busca involucrar al Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías, constructores, entidades financieras, aseguradoras y organizaciones privadas.
Uno de sus componentes centrales es el Fondo Milagro, creado como un mecanismo especial para gestionar, administrar y canalizar los recursos destinados a la reconstrucción. La iniciativa toma como referente las experiencias anteriores de reconstrucción, como el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado después del terremoto de 1999.
A esto se suma la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, mediante el Decreto 1261, que habilitó al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias durante un periodo de 30 días y acelerar las decisiones necesarias para enfrentar la emergencia.
El tercer pilar está relacionado con la vivienda. El Gobierno plantea una intervención que parte de un proceso de caracterización de las familias damnificadas y contempla subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, mejoramientos y construcción de vivienda nueva.
El cuarto eje corresponde a la financiación y ejecución, mediante instrumentos como las obras por impuestos y la utilización de créditos internacionales.
Finalmente, el Plan le apuesta a una participación activa del sector privado. El Gobierno ha llamado a los constructores a donar o reinvertir parte de sus utilidades y al sector financiero a ofrecer condiciones más favorables para facilitar la recuperación económica del país.
La reconstrucción se hace desde las regiones
La respuesta a la emergencia también se convirtió en una expresión concreta de una de las apuestas políticas del Gobierno el Presidente Abelardo De La Espriella: reducir la concentración del poder y de las decisiones en Bogotá y fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
Desde los primeros días de la tragedia, el Presidente y los ministros del gabinete se desplazaron a las zonas más afectadas. En solo dos días, el Mandatario sostuvo reuniones con autoridades de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.
“Voy a estar viniendo muy seguido, voy a estar muy atento a las obras que tenemos que hacer, a las viviendas que tenemos que construir y reparar para ayudarles a tantas víctimas de este desastre natural», expresó el Presidente durante su primera visita al Chocó, en la cual anunció el nombramiento de un gerente especial para articular y resolver las necesidades históricas del departamento.
La presencia del Gobierno en los territorios afectados lleva un mensaje práctico, administrativo y político para responder con efectividad a la emergencia: la reconstrucción exige coordinar a gobiernos regionales, locales, a los organismos nacionales, a las comunidades y también al sector privado.
“La dimensión, queridos compatriotas, de la destrucción es inmensa, pero más grande será nuestra determinación para reconstruir a Colombia y convertirla en la Patria Milagro», aseguró el Presidente.
Ayudas directas para las familias
El Plan Milagro comprende mecanismos de apoyo económico para los hogares que perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas. En Chocó, considerado epicentro del terremoto, el Gobierno anunció una ayuda directa de 2 millones 626 mil 356 pesos por familia, distribuida en tres pagos mensuales de 875.452 pesos cada uno.
En Risaralda, se anunciaron desembolsos de 1 millón 50 mil pesos mensuales durante tres meses, para un total inicial de 3 millones 150 mil pesos por hogar beneficiario. Para los propietarios, este apoyo podrá extenderse durante tres meses adicionales.
El Gobierno también dispuso recursos para subsidios temporales de arrendamiento. La asignación dependerá del Registro Único de Damnificados (RUD) y de la caracterización realizada por las autoridades territoriales.
Un elemento relevante del esquema organizado es que los recursos sean entregados directamente a los beneficiarios registrados, con el propósito de reducir intermediaciones y blindar el proceso frente a posibles prácticas de corrupción.
En Cali la reconstrucción también cuenta con 30 toneladas adicionales de materiales de construcción donadas por Camacol Santander, que elevan a 150 toneladas los materiales anunciados para fortalecer el banco dispuesto para atender las zonas afectadas.
La articulación con el sector privado también avanza con el anuncio de Camacol de un apoyo de 20 mil millones de pesos para la compra de vivienda, en alianza con varias constructoras. El aporte contempla 20 millones de pesos por familia y tendría un alcance cercano a 1.000 hogares.
A esto se suma la destinación del Gobierno de 110 mil millones de pesos disponibles en el Ministerio de Vivienda para ejecutar 1.462 subsidios de mejoramiento de vivienda y para atender 741 viviendas rurales.
A esta iniciativa se agrega un paquete cercano a los 40 mil millones de pesos para apoyar la recuperación de microempresas, establecimientos comerciales y actividades turísticas afectadas por la emergencia del terremoto en el Valle del Cauca.
“La reconstrucción debe avanzar rápido, pero no a ciegas. Velocidad sí, pero cero improvisación», advirtió el Jefe de Estado.
Pereira, centro operativo regional
En Risaralda, el Presidente anunció que Pereira se convertirá en el centro operativo regional de la reconstrucción. Desde esta ciudad se coordinarán las acciones con la Gobernación, las alcaldías, el sector constructor, las aseguradoras, el sistema financiero, las organizaciones participantes y el Fondo Milagro.
La decisión refleja una lógica de descentralización operativa donde la reconstrucción no se manejará exclusivamente desde las entidades nacionales, sino que tendrá nodos regionales encargados de articular las necesidades locales con los recursos y capacidades del Gobierno central.
En materia de vivienda, fueron anunciados 909 mejoramientos, 261 de ellos en Pereira, con cerca de 30 mil millones de pesos pendientes por ejecutar. Además, fueron entregadas 191 toneladas de materiales para iniciar las primeras reparaciones.
Educación y salud, prioridades para el Gobierno
La afectación de la infraestructura educativa constituye uno de los principales retos para el país. En Pereira, por ejemplo, las evaluaciones identificaron 13 sedes educativas en peligro de colapso, 48 con restricciones de uso y 47 consideradas habitables.
Ante esta situación, aproximadamente 8 mil estudiantes fueron reubicados temporalmente mientras avanzan las evaluaciones y reparaciones.
En la capital del Valle se evaluaron 388 sedes educativas, 284 están plenamente habilitadas, 81 funcionan parcialmente y solamente 9 están inhabilitadas. El 76 % de los estudiantes reciben clases presenciales, el 4 % se encuentra en alternancia y el 20 % continúa temporalmente mediante atención no presencial.
La meta del Gobierno es avanzar rápidamente hacia una mayor presencialidad, pero con una condición concreta: ningún niño regresará a un colegio que no ofrezca plenas condiciones y garantías.
La recuperación del sistema de salud también ocupa un lugar prioritario. En Pereira fueron afectados 34 centros de salud y se evaluaron 13 instituciones entre IPS y ESE. El Gobierno informó además sobre la reincorporación del laboratorio clínico López Correa a la red departamental y las gestiones para recuperar el Hospital Universitario San Jorge.
Mientras tanto, en el Valle del Cauca la red hospitalaria fue evaluada por un equipo liderado por la Ministra de Salud, Ana María Vesga. Pese a los daños sufridos en algunas instituciones, la mayoría de servicios de urgencia han seguido operando.
La emergencia también ha dejado una dimensión menos visible: el impacto emocional sobre las comunidades. Hasta el momento se han realizado 87 valoraciones de salud mental, mientras cientos de familias enfrentan pérdidas materiales y humanas.
Alivios para estudiantes afectados
La emergencia también alcanzó a los hogares con obligaciones financieras relacionadas con la educación superior.
En ese sentido, la Junta Directiva del Icetex anunció alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo residentes en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó.
Las medidas se adoptaron en el marco de los decretos 1171 del 11 de agosto, mediante el cual se declaró la Situación de Desastre de Carácter Nacional, y 1261 del 19 de agosto, que estableció el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
El objetivo es evitar que las consecuencias económicas del desastre terminen profundizando la vulnerabilidad de las familias afectadas y dificulten la continuidad de los procesos educativos.
Solidaridad nacional e internacional
La magnitud de la tragedia activó una respuesta que superó las fronteras nacionales. De acuerdo con el balance del Gobierno, más de 640 toneladas de asistencia humanitaria internacional han ingresado al país, provenientes de naciones como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia.
Para que el país avance con celeridad en la fase de reconstrucción, los principales empresarios y gremios de Colombia han comprometido recursos por el orden de los 2 billones de pesos, representados en recursos, materiales, maquinaria, conocimiento técnico y personal especializado. La articulación del Gobierno con el sector privado es fundamental para atender a las familias damnificadas y recuperar infraestructura estratégica en los departamentos afectados.
Entre la ciudadanía la solidaridad también se ha hecho sentir. Por ejemplo, Bogotá ha enviado más de 2.640 toneladas de ayuda mediante más de 170 vehículos de carga y aeronaves. Norte de Santander movilizó 105 toneladas y Antioquia coordinó el envío de otras 22 toneladas hacia Chocó.
A esta respuesta se suma la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, liderada por la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, que ha articulado esfuerzos del sector privado, voluntarios y colombianos dentro y fuera del país. Según el Gobierno, la campaña ha permitido recoger y entregar inicialmente cerca de 4.386 toneladas de ayudas humanitarias.
Con este escenario en las zonas de la tragedia, el Plan Milagro enfrenta una prueba distinta a la de los primeros días de la emergencia. La prioridad inicial era salvar vidas; ahora el reto consiste en reconstruir territorios sin repetir vulnerabilidades y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades.
“Aquí hay Gobierno, aquí hay autoridad y aquí hay una nación entera decidida a levantarse de las ruinas. Vamos a levantarnos», enfatizó el Presidente Abelardo De La Espriella.
