El Gobierno nacional, presidido por Abelardo de la Espriella, retiró a Colombia el 17 de septiembre de 2026 de la Coalición por la Igualdad de Derechos, un mecanismo diplomático multilateral dedicado a la protección de personas LGBTI+ que el país copresidía junto con España para el periodo 2025-2027. La decisión fue comunicada mediante una notificación diplomática remitida desde Bogotá por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional al Comité Ejecutivo, la Secretaría, los Estados miembros y los representantes de la sociedad civil de la coalición, que reúne a 43 Estados –aunque el sitio oficial lista 42– y organizaciones civiles de diversos continentes. La comunicación indicó, sin añadir explicaciones, que “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”, mientras que la Cancillería agradeció al Gobierno español y a los representantes civiles por la labor durante la copresidencia, pero no expuso las razones de fondo ni precisó modificaciones en la política exterior.
La salida de Colombia, que se conoció el mismo día del anuncio, ha sido interpretada por activistas y congresistas como un retroceso en los derechos LGBTI+ y un mensaje político adverso en el ámbito internacional. Manuel Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, advirtió que la decisión envía una señal de desinterés del país en estos derechos: “Si yo no participo en una organización que reúne tantos países de todos los continentes, lo que le estoy diciendo a esas organizaciones es que al país no le interesan estos derechos”. En su análisis, Velandia alertó sobre un posible efecto dominó: “Puede crear condiciones para penalizar nuevamente la homosexualidad. Las personas de género fluido, queer, trans, las personas que han transitado en el género y en el cuerpo o en ambas y son intersexuales o, en este caso específicamente, son transexuales, que pierdan derechos”. Por su parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente del mecanismo, calificó la medida como “la decisión más clara contra los derechos Lgbti+ de estos días que lleva el Gobierno, con el agravante de que tiene un impacto internacional, porque Colombia está abandonando un mecanismo del que hacen parte 44 países y que actualmente preside”.
Reacciones desde el Congreso y movilización política
En el ámbito legislativo, el representante a la Cámara por Alianza Verde, Mauricio Toro, anunció que tomará medidas legales para revertir el retiro. “Vamos a tomar las medidas a las que haya lugar contra la decisión de haberse salido de ese espacio internacional. Estamos trabajando para recurrir a los organismos internacionales respectivos y defender el derecho que Colombia tiene de estar allí”, declaró Toro. Además, subrayó una premisa fundamental: “Los derechos de las minorías no pueden estar sometidos a las mayorías, porque precisamente ahí es donde flaquean”. Toro impulsa actualmente el proyecto de ley “Nada que Curar”, que busca prohibir las terapias de conversión, y ha solicitado cartas de apoyo de Alemania, Finlandia, Suecia y Taiwán. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda también se pronunció a través de su cuenta en X: “SON DERECHOS DE TODO EL PUEBLO COLOMBIANO. A toda la comunidad LGBTIQ+ queremos decirle algo con absoluta claridad: no están solxs”. Su mensaje concluyó con un compromiso: “Seguiremos defendiendo cada derecho conquistado, enfrentando cualquier intento de exclusión y trabajando por una Colombia donde nadie tenga que esconder quién es o a quién ama. Sus derechos son derechos de Colombia. Y los vamos a defender”.
“Si yo no participo en una organización que reúne tantos países de todos los continentes, lo que le estoy diciendo a esas organizaciones es que al país no le interesan estos derechos”
Manuel Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual
La Coalición por la Igualdad de Derechos, que promueve grupos temáticos y colaboración con organizaciones LGBTI+, había contado con Colombia como actor clave al compartir la copresidencia con España. La salida del país, sin mediar explicación oficial, abre interrogantes sobre el rumbo de la política exterior en materia de derechos humanos y coloca en el centro del debate las conquistas alcanzadas por la población LGBTI+ en el país. Mientras el Gobierno no aclare los motivos, activistas y congresistas advierten que el gesto diplomático podría tener consecuencias concretas en el reconocimiento de la orientación sexual, la identidad de género y los documentos de personas trans, intersexuales y de género fluido en Colombia.
