Colombia se perfila como el epicentro de la nueva ofensiva militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el narcotráfico en la región, luego de que el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo viernes 7 de agosto de 2026, sellara un acuerdo con la administración estadounidense para acelerar la cooperación militar. El pacto, anunciado tras un reciente viaje de delegados colombianos a Washington, incluye la creación del Plan Patriota 2.0, la instalación de la sede regional del programa Escudo de las Américas en Medellín y la reanudación de la fumigación aérea con glifosato, una medida prohibida en el país desde 2015 por razones de salud pública. El ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, ha sido clave en las negociaciones, que buscan contrarrestar el crecimiento del narcotráfico y la expansión de grupos armados durante el gobierno saliente de Gustavo Petro.
El contexto que justifica esta nueva alianza es alarmante: durante la administración de Petro, caracterizada por intentos de diálogo de paz y una inactividad militar que incluyó recortes presupuestales y la depuración de decenas de generales, el número de combatientes en organizaciones ilegales casi se duplicó, pasando de 13.000 en 2022 a cerca de 27.000 en 2025. La ayuda estadounidense, que antes alcanzaba los 400 millones de dólares anuales, se redujo a 187 millones en el primer año del segundo mandato de Trump, mientras que su gobierno reportó al menos 221 muertes en ataques a embarcaciones sospechosas en la región. Además, Washington ha designado como terroristas a dos decenas de organizaciones latinoamericanas, y el Escudo de las Américas, una coalición de 18 países impulsada por Trump, tendrá ahora su sede regional en Medellín, desde donde se coordinarán operaciones contra los cárteles.
Plan Patriota 2.0 y las tensiones con la oposición
El Plan Patriota 2.0 contempla un fortalecimiento de la inteligencia, apoyo directo de Estados Unidos a operaciones militares en territorio colombiano, la reanudación de la fumigación aérea con glifosato y la extradición ágil de narcotraficantes. También se reforzará la flota de helicópteros y se incorporará tecnología antidrones para enfrentar a grupos que han ampliado sus operaciones a Venezuela y Ecuador, y que han reclutado menores de edad para dificultar las acciones militares. La ceremonia de toma de posesión de De la Espriella, que originalmente estaba prevista en una base militar, fue trasladada a Cali tras la oposición de legisladores, y precisamente en esa ciudad la policía interceptó un autobús con 420 kilogramos de explosivos, en un operativo atribuido a disidencias de las Farc, que al parecer planeaban atacar instalaciones militares y policiales durante el evento.
«Puede poner en riesgo la soberanía nacional y convertir a Colombia en un ‘protectorado’ de Washington»
Iván Cepeda, senador colombiano y excandidato presidencial
Las críticas no se han hecho esperar. El senador Iván Cepeda, excandidato presidencial, advirtió que el acuerdo «puede poner en riesgo la soberanía nacional y convertir a Colombia en un ‘protectorado’ de Washington». La postura contrasta con la del presidente saliente, Gustavo Petro, quien mantuvo una actitud crítica hacia la política antidrogas de Trump, calificó de «asesinatos» los ataques militares estadounidenses y enfrentó la descertificación de Colombia como socio antinarcóticos, así como sanciones y amenazas de recorte de ayuda. Con la nueva administración, el país gira hacia una estrategia de mano dura que promete redefinir la lucha contra el narcotráfico en la región, aunque el debate sobre sus implicaciones para la soberanía nacional apenas comienza.
