La Fundación Ideas para la Paz (FIP) encendió las alarmas sobre la crítica situación de las capacidades militares del país al revelar que Colombia solo tendría disponible el 46 % de su inventario total para realizar operaciones. Según el estudio ‘Recuperar la ventaja, radiografía de las capacidades militares y una agenda para fortalecerlas y recuperar el control territorial frente a la nueva violencia organizada’, el deterioro en el alistamiento, mantenimiento y financiación de los componentes aéreos, navales, fluviales y terrestres ha reducido drásticamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en un contexto de crecimiento y sofisticación de los grupos armados ilegales.
El análisis, que se difunde en un escenario de seguridad especialmente deteriorado, detalla que los datos sobre la disponibilidad aérea y naval provienen del informe de empalme de transición de gobierno de julio de 2026, el cual la propia FIP advierte que no establece una fecha de corte ni criterios técnicos de clasificación, por lo que las cifras constituyen una aproximación y no una medición exacta del alistamiento operacional. Sin embargo, la radiografía es contundente: el 55,5 % del inventario aéreo se encuentra fuera de servicio, mientras que las capacidades navales y fluviales no operativas alcanzan el 48,1 %. En las fuerzas terrestres, el déficit presupuestal para el sostenimiento es dramático, con la artillería presentando un 96 % de déficit, los transportes un 93 % y la caballería un 78 %.
Un enemigo que crece y se moderniza
Mientras las capacidades militares se erosionan, la amenaza de los grupos armados ilegales no solo ha aumentado en tamaño, sino también en sofisticación. Entre 2024 y 2025, los ataques contra la Fuerza Pública se incrementaron en un 62 %, y los ataques contra infraestructura y bienes civiles subieron un 59 %. Uno de los datos más alarmantes es el uso de drones: los ataques con esta tecnología pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que representa un aumento del 132 %. El número de integrantes de los principales grupos armados creció de 21.958 a 27.121 en el mismo periodo, y su influencia territorial se expandió de 562 a 627 municipios, con el Clan del Golfo duplicando sus integrantes frente a 2022 y pasando de presencia en 145 municipios de 13 departamentos a 296 municipios en 17 departamentos.
La FIP señala que, aunque las acciones de la Fuerza Pública contra estas estructuras crecieron un 34,5 % en 2025, con una cuarta parte del esfuerzo militar concentrado en el Clan del Golfo entre 2023 y 2025, más operaciones no garantizan una reducción sostenida de la capacidad de los grupos. El estudio advierte que el problema de fondo es financiero estructural: el presupuesto del sector Defensa destinado a costos de personal activo y retirado alcanzó el 76,2 % en 2025, mientras que la participación de Defensa en el Presupuesto General de la Nación cayó del 22,4 % en 2003 al 14,7 % en 2025. Además, los costos estimados de operación en la última década crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles, y las obligaciones reconocidas por retiro, invalidez y sustitución pensional en 2024 rondaron los 50 billones de pesos, una presión que se agrava porque el pie de fuerza aumentó un 47 % entre 2002 y 2010, y buena parte de ese personal adquirirá derechos de retiro entre 2022 y 2035.
Diez medidas para recuperar el control territorial
Frente a este panorama, la FIP plantea que Colombia no resolverá los problemas de seguridad solo comprando nuevos equipos o aumentando operaciones. La entidad propone diez medidas al Gobierno que incluyen definir un nivel mínimo de operación, conectar las necesidades militares con las decisiones fiscales, financiar una modernización a largo plazo y recuperar primero aquellos equipos que puedan regresar al servicio. También sugiere anticipar con al menos diez años la renovación de capacidades de movilidad aérea, ataque, control fluvial, vigilancia y reconocimiento, e incorporar guerra electrónica, ciberdefensa, análisis de datos e inteligencia artificial. Finalmente, recomienda reorientar la inteligencia hacia las redes financieras, logísticas, de reclutamiento y apoyo de los grupos armados, en una estrategia que busca recuperar capacidades existentes, garantizar la sostenibilidad financiera y aplicar una visión de largo plazo para recuperar el control territorial.
