El Gobierno colombiano elevó el arancel a 35% para trece subpartidas de productos metálicos, entre acero y aluminio, con el objetivo de proteger la industria siderúrgica y mantener el empleo. El decreto fue firmado por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, y Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, y establece un gravamen máximo permitido bajo el Arancel de Aduanas vigente. La medida se implementa mediante un proceso de comentarios de cinco días hábiles y entrará en vigor quince días después de su publicación oficial, aplicándose a nivel nacional y contemplando criterios técnicos objetivos y transparentes para las importaciones de varillas, perfiles, tubos, tornillos, estructuras y artículos de aluminio, con un marco claro para la nacionalización de estos productos y un procedimiento abreviado para presentar observaciones.
La decisión llega en un contexto regional en el que México, Brasil y Argentina ya han adoptado medidas similares para frenar la llegada masiva de acero subsidiado de mercados como China, Turquía y Rusia. En Colombia, la medida busca estabilizar el mercado interno, proteger la producción nacional y generar empleo ante la entrada de acero barato. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó la implementación de la medida, que se apoya en criterios técnicos objetivos y transparentes y en un calendario claro para la participación de los actores interesados a través del periodo de comentarios, que es de cinco días hábiles, con la entrada en vigor prevista quince días después de su publicación oficial.
Arancel para 13 subpartidas: contexto regional y efectos esperados
El decreto establece un gravamen del 35% para trece subpartidas de productos metálicos, incluyendo varillas, perfiles, tubos, tornillos, estructuras y otros artículos de aluminio, dentro del marco del Arancel de Aduanas vigente. Además de fijar el peso arancelario, se propone un conjunto de criterios técnicos objetivos y transparentes para las importaciones y un marco claro para la nacionalización de estos productos, acompañado de un procedimiento abreviado para que los interesados presenten sus comentarios. Se estima que la medida podría provocar un incremento leve de precios para los consumidores, pero a mediano plazo podría estimular la inversión en modernización y generación de empleo al inducir condiciones de mercado más equilibradas y ganar tiempo para que la industria recupere competitividad.
«La medida busca estabilizar el mercado interno y proteger la producción nacional, generando condiciones para la inversión y el empleo» – Portavoz del Ministerio de Hacienda
En síntesis, el decreto propone criterios técnicos y transparentes para la importación, establece un marco para la nacionalización de estos productos y se someterá a un periodo de comentarios de cinco días hábiles, con la entrada en vigor prevista quince días después de su publicación oficial. Con estas medidas, las autoridades buscan equilibrar las condiciones de mercado y ganar tiempo para que la industria siderúrgica colombiana aumente su competitividad, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores y a las cadenas de valor nacionales.
