El Gobierno colombiano presentará el próximo 20 de julio una reforma tributaria estructural que modificará varios tributos, según confirmó el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, en declaraciones al diario El Tiempo. El proyecto, elaborado por los ministerios de Hacienda y la Dian, será radicado en el Congreso con el objetivo de afianzar la sostenibilidad fiscal del país y avanzar hacia una tributación progresiva que imponga una carga mayor a quienes más ganan. La iniciativa incluye cambios en el impuesto al patrimonio para personas naturales, la declaración de renta, el IVA, bebidas alcohólicas, combustibles, juegos de suerte y azar, y plataformas digitales extranjeras, así como ajustes en el régimen aduanero.
Betancourt explicó que la decisión de impulsar una reforma en lugar de recortar el gasto responde a que el 93% del gasto estatal es inflexible, pues está asociado a transferencias territoriales y al cumplimiento de obligaciones contenidas en más de 165 leyes. En ese contexto, el director de la Dian señaló que «el ajuste fiscal no es recortar y recortar el gasto, como mucha gente dice», y defendió la necesidad de fortalecer los ingresos tributarios de manera estructural. Las autoridades estiman que el contrabando representa un costo fiscal cercano a los 8 billones de pesos, sobre un valor total de 32 billones de pesos (unos 8.000 millones de dólares) en mercancías ilegales.
Los ejes de la reforma: patrimonio, renta e impuestos saludables
El proyecto retoma elementos de la fallida ley de financiamiento del año anterior, con un componente progresivo en el impuesto al patrimonio de las personas naturales. Según Betancourt, se plantean tres tarifas para que los rangos más altos paguen más, aunque por ahora se descarta extender este gravamen a empresas e iglesias. En materia de renta, la reforma propone alícuotas más altas para los tramos superiores de ingresos y una reducción de exenciones y gastos tributarios. «La mejor manera de tener un crecimiento sostenible de los ingresos es establecer una tributación que estructuralmente sea progresiva en el sentido de que haya una carga mayor para los que más ganan», afirmó el director de la Dian.
«Recogerá buena parte de lo que planteamos en la ley de financiamiento. Un componente progresivo en el impuesto del patrimonio de las personas naturales que tenga tres tarifas para que los rangos más altos paguen más».
Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian
En el frente del IVA, el Gobierno busca disminuir exenciones, pero con la condición de no afectar los bienes de la canasta familiar. Uno de los puntos más destacados es el regreso de los «impuestos saludables» para las bebidas alcohólicas: se gravará con mayores tarifas a los licores de alta graduación, mientras que la cerveza quedaría excluida del aumento. «La idea es rescatar los impuestos saludables para que paguen más los licores de alta graduación alcohólica. No obstante, tendríamos cuidado de no gravar la cerveza», precisó Betancourt. En cuanto a los combustibles, la opción de retomar impuestos está bajo revisión, mientras que los juegos de suerte y azar sí se incluirán en la propuesta.
Plataformas digitales y aduanas: cambios en los umbrales y nuevo régimen sancionatorio
Otro de los frentes de la reforma es la tributación de las plataformas digitales extranjeras. La Dian evalúa bajar el umbral exento para paquetes de menor valor de 200 a 50 dólares, una medida que Betancourt describió como «en el refrigerador, pero no en el congelador», indicando que sigue siendo una opción viable aunque no inmediata. Paralelamente, el nuevo régimen sancionatorio aduanero ya fue aprobado por el Congreso y está pendiente de la sanción presidencial, lo que permitirá fortalecer el control sobre el contrabando.
«Planteamos bajar la tarifa en la que pueden entrar sin pagar de USD 200 a USD 50. Digamos que esta idea está en el refrigerador, pero no en el congelador».
Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian
El anuncio se produce en vísperas de la temporada de declaración de renta para personas naturales, que este año se extenderá entre el 11 de agosto y el 26 de octubre. La Dian estima que cerca de 7 millones de contribuyentes presentarán su declaración, con un recaudo proyectado superior a los 6 billones de pesos. La reforma busca justamente ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión, en un contexto donde el 93% del gasto público es rígido y el contrabando sigue siendo un drenaje importante de recursos. Con la radicación del proyecto el 20 de julio, el Ejecutivo espera iniciar el trámite legislativo para que las nuevas reglas fiscales entren en vigor lo antes posible.
