Un estudio del Banco de la República advierte que el envejecimiento poblacional en Colombia, sin reformas estructurales, generaría una presión fiscal insostenible sobre los sistemas de pensiones y salud. La investigación, liderada por la economista Juliana Jaramillo-Echeverri, fue publicada en la revista Ensayos sobre Política Económica (Espe), edición N.° 112, y proyecta que la deuda pública podría superar el 150% del producto interno bruto en 2070 si se mantienen las tendencias demográficas actuales.
El estudio explica que la caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la pirámide poblacional. Según cifras del Dane citadas en el informe, la tasa global de fecundidad llegó a 1,0 hijo por mujer en 2025, el nivel más bajo en la historia del país. Entre 2005 y 2018, la población de 0 a 14 años se redujo de aproximadamente 13 millones a 10 millones, mientras que los mayores de 60 años pasaron de menos de 4 millones a cerca de 6 millones. Esta dinámica implica una base de cotizantes cada vez más reducida frente a un gasto creciente en protección social.
Las simulaciones incluidas en el documento muestran que el crecimiento económico de estado estacionario caería de 2,6% en 2025 a 1,5% en 2045. En un escenario sin cambios demográficos, el gasto social, los déficits y la deuda serían menores. Sin embargo, con un envejecimiento acelerado, la deuda del Gobierno Nacional Central superaría el 150% del PIB en 2070. El propio estudio advierte que estos resultados dependen de las tendencias demográficas y de los supuestos de las simulaciones, pero que mayores necesidades de financiamiento también encarecerían el crédito soberano.
«La transición demográfica colombiana sigue patrones observados en otros países de América Latina, aunque la reducción de la fecundidad y de la tasa de dependencia ha sido más acelerada»
Estudio del Banco de la República, Espe N.° 112
Recomendaciones para enfrentar el envejecimiento
El análisis plantea que una mayor incorporación de empresas y empleados a la economía formal ampliaría la base de cotizantes y facilitaría el acceso a la protección social. Asimismo, propone elevar la productividad total de los factores, ampliar la formación técnica y el reentrenamiento continuo, así como ajustes graduales de la edad de pensión y mejoras en la eficiencia del sistema de salud mediante prevención, contratación y promoción. Los resultados mejoran cuando las políticas de salud, pensiones, educación y mercado laboral se aplican de forma coordinada, con una reducción de la presión fiscal cercana al 1% del PIB.
El contexto actual muestra que, mientras el número de hogares sigue creciendo —el Dane proyecta unos 18.952.000 para 2026—, el sistema de protección social enfrenta restricciones estructurales. Según la Presidencia de la República, actualmente hay aproximadamente 2.264.000 pensionados en el país, una cifra baja frente a la población ocupada y a la alta informalidad laboral. La investigación también advierte que el incremento del costo de la atención médica, por nuevas tecnologías y enfermedades crónicas, se suma a la presión fiscal. En el plano regional, las zonas urbanas y los departamentos del centro de Colombia tienen natalidad extremadamente baja y envejecimiento más rápido, mientras que las regiones con poblaciones más jóvenes aún pueden aprovechar el bono demográfico. La reasignación de recursos del Sistema General de Participaciones de educación hacia salud se menciona como posible, pero no automática, pues depende de decisiones políticas. En cuanto a la migración, el estudio señala que se requieren medidas de regularización, acceso a servicios y formación.
«Colombia deberá adaptar sus sistemas de protección social, su mercado laboral y sus capacidades regionales a una población que crece menos y vive más años»
Estudio del Banco de la República, Espe N.° 112
