Un jurado federal en Boston, en el Distrito de Massachusetts de Estados Unidos, declaró culpable a la ciudadana colombiana Lina María Orovio Hernández, de 59 años, de siete delitos federales por haber utilizado identidades falsas durante más de dos décadas para obtener más de 400.000 dólares en beneficios federales. Entre los cargos figuran la falsa representación de un número de Seguro Social, declaración falsa en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, tres cargos por recepción de dinero o propiedad gubernamental robada, y voto fraudulento en las elecciones presidenciales de 2024. La mujer permanece bajo custodia desde febrero de 2025 y fue procesada mediante una acusación sustitutiva en mayo del mismo año.
Orovio Hernández empleó ocho identidades falsas para conseguir nueve identificaciones estatales, un Real ID de Massachusetts, un pasaporte estadounidense solicitado fraudulentamente y acceso a diversos programas sociales federales destinados a personas de bajos ingresos, discapacitados y adultos mayores. Los beneficios obtenidos suman 259.589 dólares en asistencia de la Sección 8 entre octubre de 2011 y enero de 2025, 101.257 dólares en beneficios por discapacidad del Seguro Social desde julio de 2014 hasta enero de 2025, y 43.348 dólares en SNAP desde abril de 2005 hasta el mismo mes. El jurado determinó explícitamente que utilizó identidades robadas para cobrar ilegalmente estos fondos, erosionando la confianza pública y defraudando programas federales.
Investigación y declaraciones de las autoridades
La fiscal federal Leah B. Foley destacó la gravedad del caso al afirmar que “la Sra. Orovio-Hernández ha vivido en este país ilegalmente durante dos décadas, tiempo en el cual ha hecho reiteradamente declaraciones falsas, ha robado, ha cometido fraude e incluso ha votado ilegalmente”. Por su parte, Nathan Hebert, agente especial del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, subrayó que “la investigación resalta el papel fundamental del DSS en la protección del público estadounidense contra el robo de identidad y fraude documental”. Amy Connelly, agente del Inspector General de la Administración del Seguro Social, añadió que “este veredicto envía un mensaje claro: el robo de identidad y el fraude contra los programas federales de beneficios no pasarán desapercibidos ni quedarán impunes”.
“la Sra. Orovio-Hernández ha vivido en este país ilegalmente durante dos décadas, tiempo en el cual ha hecho reiteradamente declaraciones falsas, ha robado, ha cometido fraude e incluso ha votado ilegalmente”
Leah B. Foley, fiscal federal
Penas y consecuencias futuras
La convicta enfrenta penas severas, que incluyen de cinco a diez años de prisión por cada cargo, multas de hasta 250.000 dólares por delito y dos años obligatorios por robo de identidad agravado. Tras cumplir su sentencia, es probable que enfrente deportación a Colombia, cerrando un capítulo de más de 20 años de residencia ilegal en Estados Unidos mediante engaños sistemáticos. Este veredicto no solo aborda el fraude en beneficios del Seguro Social y el fraude electoral, sino que refuerza la vigilancia sobre el uso indebido de identidades robadas y su impacto en la integridad de los servicios públicos.
