Karol Peralta, ciudadana colombiana residente desde hace cuatro años en San Antonio, Texas, ha hecho un desesperado llamado al presidente Gustavo Petro para que envíe aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y repatríe a su esposo, detenido hace dos meses por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, a pesar de contar con parole humanitario, permiso de trabajo, número de seguro social y licencia de conducir obtenidos legalmente.
El esposo de Peralta, quien ingresó a territorio estadounidense en 2023 bajo el programa de parole humanitario del gobierno anterior y ha residido allí tres años, fue apresado un jueves mientras salía a comprar algo relacionado con su licencia condicionada, en un operativo que refleja la intensificación de redadas migratorias bajo el segundo mandato de Donald Trump. El centro de detención Carne Immigration, ubicado a una hora de su hogar en San Antonio, ha sido el lugar donde permanece recluido, con fianza denegada pese al respaldo de la empresa donde trabajaba y un patrocinador militar. Según el consulado colombiano, el plazo para su deportación es de 90 días, y Peralta firmó una salida voluntaria el pasado 6 de diciembre, aunque ahora suplica que se le permita regresar esposado si es necesario, prefiriendo cuatro horas de restricción a una espera indefinida.
La angustia de una familia separada por la política migratoria
Karol Peralta, quien recarga 50 dólares semanales en su teléfono solo para hablar con su esposo, describe un ambiente de terror en las calles de San Antonio, donde ahora sale exclusivamente con su green card por miedo a los agentes del ICE por todas partes. La familia había gestionado una petición I-130 para reunificación familiar, pero las autoridades invalidaron el parole argumentando que pertenecía al gobierno anterior y no constituía un estatus legal válido bajo la nueva administración. No hubo noticias de la detención hasta el sábado siguiente, y la comunicación ha sido restringida, negada durante cuatro sábados consecutivos por sanción, lo que ha sumido al detenido en depresión mientras las familias de la comunidad evitan salir de casa.
«Lo único que yo le pido al presidente es que por favor mande a buscarlos o permita que se los lleven esposados. Yo prefiero que mi esposo demore cuatro horas esposado, pero que esté libre y no que esté esperando que el presidente mande los aviones».
Karol Peralta, residente en San Antonio, Texas
En su testimonio, Peralta enfatiza la legalidad de su esposo: trabajaba en una gran empresa local con todos sus documentos en regla. «Él entró con el parole, no entró ilegal, le dieron su permiso de trabajo, le dieron su social y pudo sacar su licencia de conducir», relata, recordando cómo cuestionó a un agente del ICE sobre el estatus legal de su pareja, solo para oír que «eso era del gobierno anterior, que este gobierno había cambiado y que eso no era un estatus legal». «Ya yo tengo que salir con mi green card a la calle. Eso nunca se había visto. En todas partes está ICE, en todas partes», añade, reflejando el pánico en las comunidades migrantes ante las redadas intensificadas.
«Mi esposo trabajaba en una gran empresa aquí en San Antonio, Texas, con su permiso de trabajo, con su social, con todos sus documentos».
Karol Peralta, residente en San Antonio, Texas
El consulado colombiano gestionará el caso tras los 90 días establecidos, pero la repatriación depende de vuelos de la Fuerza Aérea, que no han llegado a Texas este año. Peralta cuenta con apoyo de su escuela, amigos y una red de colombianos en la zona, en medio de un contexto de temor generalizado que paraliza la vida diaria de miles de familias indocumentadas o con estatus precarios.
