Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) asesinó a bala al ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo realizado en la madrugada del lunes 13 de julio en la ciudad de Biddeford, estado de Maine. La muerte del joven, oriundo de Bucaramanga y residente legal en ese país, ha desatado una ola de indignación en Colombia. La representante a la Cámara Cathy Juvinao rechazó enérgicamente los hechos y exigió al Gobierno colombiano acciones diplomáticas inmediatas para esclarecer lo ocurrido.
Según la versión oficial del ICE, los agentes realizaban labores de vigilancia sobre un migrante con orden de deportación cuando Durán salía de su vivienda en su vehículo. La autoridad asegura que el conductor intentó escapar y representó una amenaza para los uniformados, por lo que dispararon contra el automóvil. Sin embargo, videos grabados por testigos presenciales contradicen abiertamente ese relato. Daniel Boucher, un vecino de 71 años que presenció el suceso, relató que un agente arrastró a Durán fuera del vehículo mientras sangraba profusamente por una herida de bala en la cabeza.
La víctima: un migrante trabajador y padre de familia
Joan Sebastián Durán Guerrero residía en el sur de Maine junto a su esposa y su hija de tan solo 3 años. Se desempeñaba como repartidor, contaba con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y poseía un número de Seguro Social. Vecinos de la comunidad lo describieron como un “hombre bueno” y “trabajador” que había migrado desde Colombia en busca de mejores oportunidades para su familia. Su muerte ha conmocionado tanto a la comunidad colombiana en el exterior como a la opinión pública nacional.
La congresista Cathy Juvinao, quien ha seguido de cerca el caso, utilizó su cuenta en la red social X para denunciar el hecho: “La dignidad no tiene fronteras. Nos duele el asesinato de Joan Sebastián Durán en Estados Unidos por agentes de ICE, un caso indignante donde los videos de los testigos contradicen la versión oficial de las autoridades”. En un comunicado oficial, la representante a la Cámara detalló que solicitó formalmente al Gobierno y a la Cancillería colombiana que exijan “claridad, acceso a las pruebas y acompañamiento judicial para su esposa e hija”. Además, advirtió que “la cooperación diplomática no puede significar sumisión cuando asesinan a los nuestros”.
“Al gobierno estadounidense y a sus funcionarios, con quienes la semana pasada estuvimos reunidos como delegación de Congreso colombiano, reiterar el enérgico llamado al respeto de la vida, el derecho al debido proceso y la dignidad humana de todos nuestros connacionales y de todos los migrantes económicos”.
Cathy Juvinao, representante a la Cámara
Juvinao también recordó que “la migración no es un delito, y mucho menos uno castigado con la pena capital; si bien todos los Estados tienen derecho a definir su política migratoria, esta debe ser respetuosa de las garantías mínimas contempladas para todos los seres humanos”. La congresista hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que, basado en la Convención de Viena, exija al gobierno de Donald Trump el acceso a la investigación, la autopsia, el material audiovisual del operativo y el acompañamiento judicial a la familia de la víctima.
El propio presidente Gustavo Petro calificó el suceso como un “asesinato” y espera un mensaje oficial del mandatario estadounidense. La Cancillería colombiana, por su parte, deberá definir las acciones diplomáticas a seguir. Mientras tanto, la comunidad colombiana en Maine y en el país clama por justicia para Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven padre de 26 años que, según quienes lo conocieron, solo buscaba un futuro mejor para los suyos y terminó siendo víctima de un operativo que, a todas luces, resultó letal.
