Un ciudadano colombiano de 43 años fue condenado a ocho años de prisión en Uruguay, tras ser hallado culpable de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas contra su expareja, una mujer de la misma edad que se encontraba embarazada al momento de la agresión. La violenta situación se registró el pasado 20 de enero de 2026 en una vivienda ubicada en la intersección de El Navío y Calle 13, en el balneario La Paloma, departamento de Rocha, Uruguay.
De acuerdo con la información judicial, la mujer logró alertar a otra expareja sobre los constantes maltratos físicos que sufría y expresó su temor por la gravedad de la situación. Ese aviso fue clave para que las autoridades actuaran de forma oportuna. La policía recibió una denuncia por un incidente de violencia en el lugar y, al llegar, encontraron la casa cerrada. Sin embargo, al escuchar los gritos de auxilio que provenían del interior, los agentes no dudaron en romper una ventana para ingresar al inmueble.
Al entrar, los policías hallaron a la víctima atada de pies y manos, con un buzo enrollado al cuello, lo que le estaba causando sofocación. En el mismo instante, el agresor apareció desde otra habitación portando un cuchillo, pero fue rápidamente reducido por los efectivos. Durante la asistencia médica posterior, se constató que la mujer se encontraba en estado de embarazo.
Condena y expulsión del país
Tras el proceso judicial, el agresor fue sentenciado a ocho años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones gravísimas. Como parte de la sentencia, se dispuso además su expulsión del territorio uruguayo una vez cumplida la pena, en cumplimiento de la normativa vigente en ese país. El hecho fue reportado por el portal uruguayo Subrayado, que destacó la gravedad del ataque y la oportuna intervención policial que evitó una posible tragedia.
Este nuevo caso de violencia de género en la comunidad colombiana en el exterior pone de manifiesto la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las autoridades para proteger la vida de las víctimas. La condena en Uruguay refleja el compromiso del sistema judicial de ese país con la erradicación de la violencia machista y la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
