La fuga de Néstor Jair Quiñones Hernández, un ciudadano colombiano de 21 años condenado a 10 años de internación por homicidio, desde el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó, Chile, se convirtió en un escándalo de corrupción penitenciaria. Según la Fiscalía, la evasión ocurrida a inicios de septiembre de 2026 fue posible gracias a la presunta colaboración de una funcionaria suspendida, ex tutora de la casa 5 del recinto, con quien el reo mantenía una relación sentimental. Ocho personas fueron formalizadas por su presunta implicación en el escape, y el caso se conoció tras la recaptura de Quiñones Hernández en Antofagasta, donde se encontraba en una toma junto a su madre.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen cartas y conversaciones de WhatsApp que vincularían directamente a la funcionaria con la logística del escape. La autorización judicial que permitió la salida del condenado bajo el pretexto de asistir al bautizo de su hijo resultó ser una excusa, ya que diligencias realizadas en la Catedral de Copiapó no encontraron registros de la ceremonia, ni charlas prebautismales, ni fecha, ni menor a bautizar, ni padrinos. La mujer, quien había sido suspendida desde mayo por un sumario administrativo relacionado con el vínculo con el interno, habría coordinado la búsqueda de un vehículo, el pago de peajes y la solicitud a sus hijos para trasladar al prófugo hacia el norte de Chile.
De acuerdo con la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Marsella Rojas, una de las cartas atribuidas a Quiñones Hernández fue hallada en la vivienda de la funcionaria imputada, y en ella se lee: «Te amo mucho, falta poco para estar como queremos». Este mensaje, junto a las conversaciones de WhatsApp, refleja una presunta coordinación para recibir, alimentar, alojar y luego trasladar al reo. Tras su fuga, el colombiano llegó a la casa de la funcionaria, donde recibió comida e incluso desayunó con los presentes, lo que refuerza las sospechas de una red de apoyo dentro y fuera del sistema penitenciario.
Un entramado de complicidades y controles cuestionados
La Fiscalía investiga si la autorización judicial fue utilizada como simple excusa para facilitar la salida del interno, aprovechando los vínculos sentimentales con la tutora suspendida. El caso ha puesto en tela de juicio los mecanismos de control en las autorizaciones judiciales para internos, así como la capacidad del sistema penitenciario chileno para prevenir actos de corrupción. La funcionaria había sido separada de su cargo meses antes por el mismo sumario que indagaba su relación con Quiñones Hernández, pero ello no impidió que presuntamente continuara colaborando con él desde fuera.
«Te amo mucho, falta poco para estar como queremos»
Contenido de una carta atribuida a Néstor Jair Quiñones Hernández, citada por Marsella Rojas, abogada del Consejo de Defensa del Estado
Mientras los ocho formalizados enfrentan las consecuencias legales, el caso deja al descubierto una falla grave en los protocolos de seguridad para internos de alto riesgo. La huida de un condenado por homicidio, facilitada por una funcionaria que debía velar por su custodia, no solo ha sacudido a la opinión pública chilena, sino que también ha generado interrogantes sobre la profundidad de las redes de complicidad que pueden operar al interior de los centros de reclusión. La recaptura del colombiano en Antofagasta no cierra la investigación, que continúa recabando pruebas para determinar el alcance total de la conspiración que permitió la fuga.
