La Comisión Cuarta del Senado de Colombia archivó este miércoles el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, que pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026. La decisión se tomó con nueve votos en contra y cuatro a favor, bajo la presidencia del senador Enrique Cabrales, en el marco de una sesión en el Congreso de la República. Este proyecto, que inicialmente buscaba captar 26,3 billones, representaba menos del 3% de los 547 billones proyectados para el PGN, pero fue rechazado en medio de crecientes tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo en un año electoral clave.
El archivo del proyecto obliga al Gobierno a enfrentar un déficit fiscal proyectado en 6,2% del PIB para 2025 y un déficit primario cercano al 3% del PIB en 2026, que podría alcanzar un potencial del 7%, sumando 11 billones de pesos más que lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Senadores opositores argumentaron que la reforma imponía una carga excesiva a los colombianos, mientras el Ejecutivo defendía su necesidad para cubrir el desfinanciamiento presupuestal sin recaer en los sectores más vulnerables.
Reacciones cruzadas en el Congreso y el Gobierno
El senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, celebró la decisión como una victoria para la responsabilidad fiscal y el bolsillo de los ciudadanos, al afirmar que el proyecto imponía una carga excesiva para los colombianos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza en redes sociales, declarando que si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, y que mientras su Gobierno esté en el poder no permitirán que los pobres asuman esa carga, advirtiendo que las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde hoy.
«una victoria para la responsabilidad fiscal y para el bolsillo de los ciudadanos»
Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta
«Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Voces expertas cuestionan la gestión fiscal
Expertos como Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, minimizaron el impacto del rechazo al destacar que esos 16,3 billones representan menos del 3% del PGN de 547 billones, por lo que resulta insostenible argumentar que compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, criticó duramente la planificación, señalando que un error de planeación fiscal-tributaria o de desorden fiscal no puede dar lugar a que el Gobierno fabrique una emergencia económica para luego decretarla, y que no tendría sentido una burda utilización de un instrumento constitucional como ese. Restrepo insistió en que el Gobierno sabía de su mala planificación y debe recortar gasto de funcionamiento y burocracia.
«esos $16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público»
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo
Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, atribuyó el fracaso al rompimiento de relaciones entre Congreso y Gobierno, mientras José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que la reforma afectaba la inversión y el ahorro, aunque el problema fiscal persiste.
Consecuencias y el camino por delante
Este rechazo marca la segunda reforma tributaria archivada al Gobierno Petro por el Congreso, en un contexto de tensiones políticas exacerbadas por el año electoral. Como resultado, el Ejecutivo enfrentará recortes en el PGN 2026 similares a los de 2024, con sugerencias de expertos apuntando a medidas de austeridad, control estricto del gasto, lucha contra la evasión e informalidad, y el avance de una ley de reactivación económica que aún está en trámite. La decisión de la Comisión Cuarta deja al Gobierno en una encrucijada fiscal, donde deberá redefinir su estrategia para equilibrar las cuentas públicas sin nuevas cargas impositivas.
