Una comisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, integrada por Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta de Pacto Histórico y Wilmer Carrillo del Partido de la U, visitó este martes las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Bogotá para avanzar en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y la posible violación de topes de ingresos y gastos en 2022. La visita forma parte de un conjunto de diligencias en las que participan la Fiscalía y el propio CNE; en la inspección se buscó recabar información sobre los aportes y gastos de la campaña y se verificaron documentos y soportes relacionados con ingresos, gastos y aportes, así como la revisión de decisiones recientes del organismo. La Fiscalía realizó el 29 de octubre una inspección en la sede de Colombia Humana, en Bogotá, y la sala plena del CNE tiene prevista para el 13 de noviembre la discusión de la ponencia elaborada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Entre los datos que emergen de este proceso se ve que el CNE está evaluando un excedente de topes que supera los 5.300 millones de pesos al sumar la primera y la segunda vuelta, y que existen aportes no reportados de entidades como FECODE y USO dentro del expediente. Las entidades involucradas en la investigación aparecen como Colombia Humana y Unión Patriótica, y en el detalle de las personas señaladas figuran Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto, auditora. El Consejo Nacional Electoral está integrado por nueve magistrados y, ante la posibilidad de una votación dividida, podría requerirse un conjuez para dirimir eventual empate.
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La diligencia, la programación de la ponencia y el análisis de las evidencias apuntan a definir responsabilidades y posibles sanciones. El 13 de noviembre la sala plena del CNE analizará la ponencia de Ortiz y Prada, que propone medidas sancionatorias en caso de verificar violaciones a los topes y recepción de recursos irregulares. Si se llega a aprobar, esa decisión podría acarrear responsabilidades para quienes aparecen en el expediente y, en última instancia, afectar a las entidades involucradas, con posibles repercusiones para movimientos como Colombia Humana y Unión Patriótica según el resultado.
«verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales para la presidencia 2022» – Luz Ángela Giraldo López, del grupo de contadores forenses del CTI
En el marco del contexto institucional, se recuerda que existen actuaciones paralelas entre la Fiscalía, el CNE y la Comisión de Acusación, que buscan esclarecer la financiación de campañas y el cumplimiento de topes electorales. Aunque el Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar topes de financiación, la sanción al presidente en ejercicio corresponde exclusivamente al Congreso; la Corte Constitucional, por su parte, suspendió de manera provisional el proceso contra Petro, pero el CNE continúa con su revisión. Con todo, el horizonte marca que la sala plena del CNE, al discutir la ponencia, definirá las responsabilidades y posibles sanciones, mientras que las decisiones podrían verse reflejadas en el movimiento político de las colectividades involucradas.
