En una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción en el aparato judicial, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó una inspección judicial en la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante denuncias de presuntas irregularidades. La diligencia, que incluye la apertura formal de una investigación previa y la práctica de pruebas, está programada para las 4:00 p. m. de este miércoles 12 de noviembre y contará con el acompañamiento de la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación. Desde Manizales, La Veintitrés informa que la medida se enmarca en esfuerzos por esclarecer posibles hechos de corrupción en el alto tribunal y sus efectos sobre procesos electorales y de tutela.
Entre los magistrados investigados figuran Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil; junto a Nicolás Iván Gallardo Vásquez, gobernador de San Andrés, y el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas. La diligencia se llevará a cabo en las oficinas de la Sección Quinta del Consejo de Estado y busca la apertura formal de una investigación previa conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000, con la recolección de pruebas que sustenten la denuncia por corrupción en ese alto tribunal. La revisión se realiza bajo la tutela de las autoridades competentes, con el objetivo de aclarar posibles irregularidades que afecten la legitimidad de las decisiones judiciales y las estructuras de poder regional.
Como antecedentes relevantes, la situación obedece a la suspensión de Gallardo por su relación con el apoyo a candidaturas de otra colectividad y la aspiración de la asamblea departamental, y la apertura de una investigación por presuntas irregularidades ante la Sección Quinta. La noticia llega en medio de debates sobre la nulidad electoral de Nicolás Iván Gallardo Vásquez y otros recursos de mandatarios locales y regionales, y señala la posibilidad de ampliar la investigación a otros denunciantes, con cuestionamientos al debido proceso y a la tutela, así como la posible adopción de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger derechos de una comunidad étnica de San Andrés.
En cifras, la acción se fija para las 4:00 p. m. del miércoles 12 de noviembre, con base en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, y se investigan cuatro magistrados del Consejo de Estado. La coordinación institucional de la inspección incluye a la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación, lo que subraya la seriedad con la que el Congreso intenta esclarecer las denuncias que rodean al alto tribunal y el manejo de recursos vinculados a procesos de nulidad electoral y a la tutela de derechos en contextos regionales.
Contexto y alcance de la medida
El contexto muestra antecedentes de tensión entre las autoridades locales y el alto tribunal, con la suspensión de Gallardo por vínculos entre su apoyo a candidaturas de una colectividad y la aspiración de la asamblea departamental, lo que motivó la apertura de una investigación ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. La información disponible señala que el caso involucra a cuatro magistrados del Consejo de Estado, además de Gallardo y el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas, en un marco que incluye investigaciones sobre nulidad electoral y posibles irregularidades, incluyendo señalamientos sobre uso del idioma creole y presuntas violaciones al debido proceso, lo que alimenta la preocupación por la integridad de las instituciones y la tutela de derechos políticos.
«Procede esta representante investigadora a ordenar la apertura de investigación previa y decretar la práctica de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, en el presente asunto» – Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones
«Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar. La demanda sólo se podía reformar una única vez y, además, las supuestas pruebas con las que a nosotros nos hacen el juicio o la valoración no contaban con la cadena de custodia y había alteraciones y manipulaciones de estas», dijo Gallardo
«Vamos a estar tomando todas las medidas que tengan del caso y, desde la aclaración, hacer caer en cuenta de una serie de situaciones. Vamos a seguir con todos los mecanismos posibles, vamos acudir a la tutela y, por esta connotación particular de nuestro departamento, de nuestra etnia y de lo que representamos, vamos a pedir unas medidas cautelares ante la Cidh, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial» – Nicolás Iván Gallardo Vásquez, gobernador de San Andrés
La noticia, que llega a la región desde el contexto nacional, podría desencadenar un efecto de mayor transparencia y, si la investigación se amplía a más denunciantes, podría generar cambios en la dinámica de procesos de nulidad y tutela. También se evalúan posibles medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger derechos de comunidades étnicas, lo que añade una capa de complejidad y relevancia para el marco institucional y para el debate público sobre el estado de la justicia y la representación política en el país.
