La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió incorporar al expediente 7686 las quejas presentadas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por la presunta presencia de personal militar estadounidense en territorio colombiano sin la autorización del Senado. La denuncia, radicada el 15 de agosto por el abogado Wálter Aguirre Mazo, fue formalmente reconocida por el órgano legislativo mediante una respuesta en la que se confirmó que los documentos y anexos serán agregados al proceso. El caso gira en torno a los hechos documentados el 27 de agosto en Tumaco, Nariño, donde según registros oficiales habrían estado presentes efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el marco de la adhesión de Colombia a la coalición Escudo de las Américas.
La controversia jurídica se centra en que el ingreso de tropas, aeronaves y mandos militares extranjeros al país requiere, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, la autorización previa del Senado de la República, así como el concepto del Consejo de Estado cuando se trata de períodos de receso legislativo. En este caso, el denunciante advierte que entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre no se registraron solicitudes ante el Consejo de Estado, y que el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias el 27 de agosto, fecha en que se documentó la presencia del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, junto con el mayor general Kevin Jarrard y un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines, en la zona costera del Pacífico colombiano.
La respuesta de la Comisión de Acusaciones
El organismo legislativo confirmó que el expediente queda abierto y que se procederá a designar un representante-investigador mediante el sistema de reparto. En la comunicación dirigida al abogado denunciante, la Comisión señaló que una vez se efectúe la asignación, se informará lo pertinente sobre el curso de la investigación. Esta etapa procesal es clave para determinar si las quejas tienen mérito suficiente para abrir una indagación formal contra el jefe de Estado, quien el 12 de agosto formalizó el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), iniciativa que hace parte del denominado Escudo de las Américas. Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó la firma del instrumento conocido como Access, Basing and Overflight, que regula el acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo en territorio colombiano.
«Una vez se efectúe el respectivo reparto, se asigne un Representante-Investigador y este avoque conocimiento del asunto, se le informará lo pertinente»
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
La denuncia, que fue ampliada por el abogado Aguirre Mazo, solicita a la Comisión requerir a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares y a la Cancillería los acuerdos, órdenes, memorandos, notas diplomáticas y reglas de operación que hayan permitido la presencia de personal estadounidense en Tumaco. El denunciante insiste en que las imágenes publicadas en la plataforma Dvids, el sitio oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, contradicen la versión entregada por el Ministerio de Defensa a la ONG Temblores, según la cual no hubo ingreso de militares extranjeros al país. Además, pide esclarecer si la actividad registrada el 27 de agosto correspondió a una visita técnica, asesoría, tránsito, reconocimiento operacional o a un despliegue de fuerzas, y advierte que, aunque las fotografías no prueban por sí mismas operaciones de combate, sí evidencian la llegada de efectivos a una zona sensible como el puerto nariñense.
El vacío legal que rodea el caso radica en que ninguna de las instancias mencionadas habría emitido concepto o autorización previa entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre. El artículo 173 de la Constitución es claro al otorgar al Senado la facultad exclusiva de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, y solo contempla la excepción presidencial cuando el Congreso esté en receso, siempre con dictamen previo del Consejo de Estado. Dado que el 27 de agosto las sesiones ordinarias estaban en curso, el denunciante considera que la presencia del general Donovan y su equipo en Tumaco constituye una violación del orden constitucional. La Comisión de Acusaciones, que ahora tiene en sus manos el expediente 7686, deberá definir si las pruebas documentales y los testimonios recopilados son suficientes para llamar a declarar al presidente De la Espriella o si, por el contrario, se archiva la queja por falta de mérito.
