En un movimiento que redefine el tablero judicial colombiano, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación el traslado del proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en al menos tres masacres ocurridas en Antioquia en 1997, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento. La petición, enviada el 26 de agosto mediante un oficio firmado por el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, fue aprobada por unanimidad el 19 de agosto y argumenta que el delito de concierto para delinquir agravado, bajo el cual se investiga al exmandatario, habría tenido continuidad hasta 2003, periodo en el que Uribe ya ejercía la Presidencia de la República, lo que convertiría a la Comisión en su juez natural.
La tesis central de la Comisión se sustenta en la hipótesis investigativa que vincula a Uribe Vélez con el grupo paramilitar Bloque Metro, que operaba en la Hacienda Guacharacas, donde habría facilitado y promovido el accionar de esta organización. “Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, señala el documento enviado a la Fiscalía, en poder de este diario.
La controversia escaló luego de que la Fiscalía Delegada Tercera ante la Corte Suprema de Justicia reprogramara para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente, quien el pasado 23 de junio había denunciado en su cuenta de X haber sido llamado a declarar “a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”. Este llamado se suma al asesinato de un defensor de derechos humanos en 1997, también bajo la lupa de las autoridades. Ante este panorama, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, propuso resolver el conflicto de competencia entre la Comisión y la Fiscalía, abriendo un nuevo frente jurídico.
Los argumentos de la Comisión
En el oficio, la Comisión de Investigación y Acusación sostiene que, “atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”. Este argumento pone en el centro la naturaleza del delito y el momento en que presuntamente concluyó la conducta, lo que, según los representantes, desplazaría la competencia del ente acusador hacia el Congreso.
“La Fiscalía, en un tema sustancial como llamarme a indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, vía X el 23 de junio
Hasta la mañana del miércoles, la fiscal general Luz Adriana Camargo no se había pronunciado oficialmente sobre la solicitud, aunque se espera una respuesta en los próximos días. Si la Fiscalía rechaza el traslado, el expediente deberá ser remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima el conflicto, conforme a lo establecido en la Ley 600 de 2000 y la Constitución Política. De prosperar la competencia de la Comisión, todas las investigaciones sobre supuestas relaciones de Uribe con estructuras paramilitares durante su presidencia podrían seguir el mismo camino, sentando un precedente crucial para futuros procesos contra exmandatarios por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
