Comisión Disciplinaria del Atlántico llama a juicio a jueza de Barranquilla por libertad a Emilio Tapia

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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, bajo la ponencia de la magistrada María José Casado Brajín, formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por presuntas irregularidades en la concesión de libertad condicional a Emilio Tapia. El auto se profirió el 22 de enero de 2026, con fundamento en el artículo 221 de la Ley 1952 de 2019, y marca un nuevo capítulo en el escrutinio de decisiones judiciales relacionadas con figuras controvertidas.

El proceso disciplinario surge de las supuestas fallas en las decisiones que permitieron la libertad condicional de Emilio Tapia, un hombre vinculado a escándalos de corrupción como los de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá. Esta acción abre la etapa de juzgamiento contra la jueza Fernández Castellón, quien enfrenta cargos por posibles irregularidades en el manejo de ese beneficio penitenciario.

Polémica originada en una publicación periodística

Todo inició con una compulsa de copias derivada de la publicación de Noticias Caracol del 14 de abril de 2025, titulada “Hay polémica por libertad de Emilio Tapia”. El reportaje reveló la orden de libertad emitida por el despacho de la jueza en Barranquilla y la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, que consideró improcedente dicho beneficio para Tapia, dado su historial en casos de corrupción que han sacudido la administración pública en la capital del país.

Con este llamado a juicio, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico avanza en la revisión de las actuaciones de la jueza, en un contexto donde la transparencia en la ejecución de penas cobra mayor relevancia ante figuras como Emilio Tapia, cuya trayectoria delictiva incluye presuntas manipulaciones en procesos de contratación y gestión de centros poblados en Bogotá. La resolución de este proceso podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial en el departamento del Atlántico.

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