La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela, integrada por quince representantes de diferentes partidos y regiones fronterizas, solicitará a la Cancillería un informe detallado sobre el estado actual de los acuerdos vigentes con el vecino país en materia de seguridad, defensa, cooperación económica y lucha contra el crimen transfronterizo. La coordinación de esta comisión estará a cargo de las representantes Diana Riveros, por Norte de Santander, y Jorge Figueroa, por La Guajira, quienes explicaron que esta petición será una de las primeras acciones del grupo de trabajo.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona limítrofe, donde hechos como el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional, Miguel Castellanos, así como explosiones registradas cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, han puesto en evidencia la fragilidad de la situación. Según información que maneja la comisión, el presunto responsable del homicidio de Castellanos habría huido hacia territorio venezolano, extremo que aún está por esclarecer por parte de las autoridades. Frente a este panorama, los congresistas consideran urgente evaluar el funcionamiento de los acuerdos existentes y determinar si se requieren nuevas medidas para enfrentar la inseguridad, facilitar el comercio formal y fortalecer la presencia estatal en ambas fronteras.
«Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela»
Diana Riveros, representante a la Cámara por Norte de Santander y coordinadora de la comisión
«La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu»
Jorge Figueroa, representante a la Cámara por La Guajira y coordinador de la comisión
Además de solicitar el informe a la Cancillería, la comisión prevé citar a ministros y entidades responsables para que expliquen las acciones y planes previstos en las zonas fronterizas. También hará seguimiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a estas regiones y a los resultados de las políticas públicas implementadas. La comisión, que tiene facultades para promover iniciativas legislativas relacionadas con los problemas identificados, busca fortalecer el comercio legal, generar empleo, mejorar la infraestructura y garantizar el acceso a servicios de salud y educación en territorios que históricamente han sido marginados.
La solicitud de informe a la Cancillería no solo busca evaluar el estado de las relaciones diplomáticas y los compromisos vigentes, sino también conocer la posición del Gobierno colombiano frente a la relación bilateral con Venezuela y los mecanismos de coordinación existentes. Con esta información, la comisión espera establecer si los acuerdos actuales son suficientes para responder a las necesidades de seguridad y desarrollo que demandan las comunidades de Norte de Santander y La Guajira, dos departamentos donde la presencia de grupos armados, el narcotráfico y el contrabando exigen respuestas conjuntas y efectivas con el vecino país.
