La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que busca transformar la financiación de la educación superior pública en Colombia mediante un incremento en la inversión estatal, se encuentra a un paso de su aprobación final tras haber sido avalada recientemente por la comisión VI de la Cámara de Representantes. Este avance legislativo posiciona el proyecto en la recta final de la plenaria de esa corporación, después de que ya hubiera sido aprobada tanto en la comisión VI como en la plenaria del Senado. La iniciativa propone actualizar el presupuesto con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del Dane, reemplazando la actualización exclusiva por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) solo si este último resulta inferior, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en un plazo de 15 años.
La necesidad de esta reforma radica en la insuficiente inversión actual, que representa apenas el 0,54% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE que alcanza el 1,4%. En los últimos años, el presupuesto para educación superior pública ha experimentado un crecimiento significativo: hace tres años era de 5,5 billones de pesos, para 2025 se proyecta cerca de 12 billones —incluyendo 1,2 billones destinados a gratuidad—, y en 2026 superará los 13 billones, con un adicional aproximado de 1 billón de pesos en 2027. Entre 2000 y 2023, la matrícula en instituciones públicas aumentó un 176%, aunque las transferencias de la Nación solo crecieron un 62% en términos reales, lo que evidencia las brechas persistentes en cobertura, que en Colombia alcanza el 55,38% frente al 80% promedio en la OCDE.
Cifras que impulsan el cambio presupuestal
La reforma incorpora como beneficiarias a las 33 instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales estatales, de las cuales 18 reciben actualmente transferencias directas, otorgándoles en el primer año un adicional equivalente al 0,05% del PIB. Estos recursos se destinarán a la construcción de nuevas sedes, ampliación de la oferta académica, bienestar estudiantil y docente, así como infraestructura, todo ello sujeto a la disponibilidad presupuestal y mecanismos de eficiencia y transparencia. La oferta educativa se concentra principalmente en regiones como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander, lo que subraya la urgencia de reducir brechas territoriales y sociales.
Hacia una educación superior más inclusiva y de calidad
En esencia, la propuesta busca ampliar la cobertura, elevar la calidad, fomentar la inclusión y cerrar las brechas territoriales y sociales en la educación superior pública colombiana, adaptando la financiación a los costos reales del sector mediante el ICES del Dane. Con su aprobación pendiente en la plenaria de la Cámara de Representantes, esta reforma representa un paso histórico hacia una mayor equidad en el acceso al conocimiento superior en el país.
