El Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca (Ciev), que agrupa a los principales sectores productivos de la región, expresó su más enérgico rechazo al Decreto 0338 de 2026 emitido por el Distrito de Buenaventura. La medida, que establece una tarifa de 4.235 pesos por tonelada movilizada hacia o desde los terminales portuarios, ha sido calificada por los gremios como un ataque directo a la competitividad del comercio exterior colombiano. El director del Ciev, Juan Manuel Sanclemente, lideró el pronunciamiento oficial en el que se solicita de manera formal la derogatoria de la normativa, advirtiendo que este cobro encarece el comercio exterior, afecta la inversión y reduce la generación de empleo en la región.
La controversia gira en torno al impacto que tendría este precio público por circulación sobre la cadena logística del principal puerto del país. Según el Ciev, la medida presiona la inflación nacional y resta competitividad a Buenaventura frente a otras terminales portuarias. En su comunicado, el organismo gremial señaló que «este gravamen arbitrario constituye un ataque directo a los camioneros del país, encarece de forma desmedida los productos que transitan por este puerto, presiona el incremento de la inflación nacional, atenta contra la competitividad del comercio exterior colombiano y ahuyenta a los industriales y comerciantes que intentan trabajar en Buenaventura». La organización también reconoció la urgencia de atender las necesidades de infraestructura y movilidad del Distrito, pero insistió en que la financiación debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional.
Reacciones de los sectores productivos
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), presidida por Germán Bahamón, se sumó al rechazo y pidió a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, revisar el gravamen antes de su entrada en vigor. La FNC destacó que el 60,2 por ciento de las exportaciones cafeteras de 2026 salió por las terminales portuarias de Buenaventura, lo que evidencia la dependencia del sector con este puerto. En su comunicación, la Federación sostuvo que «la competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior». La entidad también solicitó la instalación de una mesa de diálogo con los sectores productivos y exportadores para evaluar el alcance y las consecuencias del decreto.
Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), cuyo presidente ejecutivo es Gonzalo Moreno, alertó que la tarifa incorpora un gasto adicional a las operaciones que usan el corredor portuario. Moreno advirtió que incorporar nuevos costos a la operación portuaria contradice el objetivo de reducir los gastos logísticos y fortalecer el comercio exterior. Fenavi señaló que la participación del puerto de Buenaventura en las importaciones de materias primas del sector avícola descendió del 53 por ciento en 2011 a cerca del 32 por ciento en 2025, una tendencia que la nueva medida podría agravar al incentivar el desvío de mercancías hacia otras terminales.
«El sector gremial y empresarial reconoce la urgencia de atender las necesidades de infraestructura, movilidad y bienestar del Distrito. Sin embargo, su financiación debe construirse con una visión integral que evalúe los efectos sobre la economía local y nacional»
Comunicado oficial del Comité Intergremial y Empresarial de Valle del Cauca (Ciev)
Los gremios coinciden en que el aumento podría trasladarse a toda la cadena productiva y a los hogares, afectando a más de 17.700 empresas de 31 departamentos que utilizan el puerto. El Ciev propuso como alternativa priorizar proyectos clave como el dragado del canal de acceso, la vía Mulaló-Loboguerrero, el acueducto, las obras del corredor Buga-Buenaventura y mejoras en seguridad y eficiencia operativa. La organización insistió en que estas iniciativas requieren fuentes de financiación que no impongan nuevas barreras al comercio, y solicitó un diálogo integrado por la Alcaldía Distrital, el Gobierno nacional, la Gobernación, gremios, generadores de carga, transportadores y terminales portuarias. Mientras tanto, el futuro del decreto y su impacto en la economía regional permanecen en vilo, a la espera de que las autoridades atiendan el clamor unánime del sector productivo.
