El Comité Intergremial de Caldas manifestó su preocupación por el incremento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, al advertir que la medida, definida por decreto, podría afectar la generación de empleo formal, la sostenibilidad de las MiPymes y la competitividad económica del departamento.
Tras el anuncio del aumento del salario mínimo para 2026, el gremio alertó sobre posibles efectos negativos en el mercado laboral regional, al señalar que un ajuste de esta magnitud, sin conexión con la productividad, podría traducirse en mayor informalidad y presión inflacionaria.
El Comité Intergremial de Caldas expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de fijar por decreto un incremento del 23,7 % en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026, al considerar que la medida podría tener efectos adversos sobre el empleo formal, la sostenibilidad empresarial y la competitividad regional.
Según el pronunciamiento del gremio, si bien mejorar el ingreso de los trabajadores es un objetivo legítimo y necesario, un aumento de esta magnitud, desligado de los niveles de productividad y de la capacidad real de pago del sector productivo, puede generar consecuencias económicas no deseadas, especialmente en las regiones.
El Comité señaló que Caldas, y particularmente Manizales, cuentan con un mercado laboral caracterizado por altos niveles de formalidad. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el 61 % del empleo local proviene de empresas privadas y cerca del 83 % de los puestos de trabajo son formales.
El documento destaca que en empresas con más de veinte trabajadores la formalidad supera el 90 %, lo que evidencia un tejido empresarial estructurado, pero con márgenes limitados para absorber incrementos abruptos en los costos laborales.
A estas cifras se suman los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que ubican la informalidad en el Área Metropolitana de Manizales en 36,2 %, la segunda más baja entre las principales ciudades del país, frente a un promedio nacional cercano al 55,4 %.
El Comité advirtió que Colombia es una economía altamente indexada, en la que el salario mínimo sirve como referencia para múltiples tarifas, contratos y precios. En este contexto, un incremento elevado tiende a trasladarse rápidamente al costo de vida, diluyendo el efecto del aumento nominal sobre el poder adquisitivo.
Entre los posibles efectos del ajuste salarial, el gremio mencionó la destrucción de empleo formal, reflejada en el congelamiento de vacantes, la reducción de turnos laborales y, en escenarios más complejos, recortes de nómina, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas.
También se alertó sobre un eventual aumento del desempleo juvenil, al señalar que los nuevos participantes del mercado laboral suelen ser los más afectados cuando el costo de contratación se incrementa de forma abrupta.
Otro de los riesgos identificados es el crecimiento de la informalidad como mecanismo de supervivencia para empresas y trabajadores, lo que implicaría una menor cobertura en seguridad social y una reducción en el recaudo de aportes al sistema.
El comunicado relaciona además el incremento del salario mínimo con una mayor presión inflacionaria, derivada del traslado de los costos laborales a los precios, así como con un entorno de tasas de interés más altas que podría afectar la inversión y el acceso al crédito.
Desde una perspectiva fiscal, el Comité indicó que el Estado, como uno de los principales empleadores y contratantes, enfrentará un aumento en sus costos operativos, lo que podría limitar la inversión pública y la ejecución de proyectos en las regiones.
Finalmente, el Comité Intergremial de Caldas hizo un llamado a las autoridades nacionales para considerar medidas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial, entre ellas la desindexación gradual de precios y tarifas, alivios focalizados para las microempresas y una agenda de productividad con enfoque territorial.
