Un grupo de compradores colombianos que entregaron anticipos de hasta el 25 % del valor de vehículos Ferrari ha iniciado un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y lavado de activos. Los afectados denuncian que, pese a haber pagado sumas millonarias para reservar los automóviles, no han recibido ni las unidades ni la devolución del dinero. La situación estalló luego de que la casa matriz italiana decidiera retirar la representación a la antigua concesionaria, Autos Italianos de Colombia S.A., y los nuevos administradores advirtieran sobre inconsistencias financieras graves.
Los precios de un Ferrari básico parten desde los 300.000 dólares antes de impuestos, y al sumar personalizaciones pueden superar los 2.000 millones de pesos colombianos. Los impuestos locales representan cerca del 40 % del valor final, lo que hace que cada anticipo implique sumas considerables. Según los denunciantes, la concesionaria de Bogotá recibió los pagos y luego no cumplió con las entregas. La vitrina de Ferrari en el norte de la capital permanece cerrada, y los clientes han tenido que recurrir a abogados para gestionar requerimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, además de la denuncia penal.
La trama corporativa detrás de la crisis
El conflicto se origina en una operación financiera ocurrida en octubre de 2024, cuando Autos de Alta Gama Holdings Inc. otorgó un préstamo millonario a Italian Motors Holdings S.A., la sociedad matriz de la concesionaria colombiana y su filial en Panamá. Al no poder pagar la deuda, en mayo de 2026 las acciones de la distribuidora pasaron al acreedor sin el aval de Ferrari Italia. Este traspaso no autorizado llevó a que la casa matriz notificara el 4 de junio de 2026 el retiro de la representación oficial a Autos Italianos de Colombia S.A. La nueva administración, encabezada por el acreedor, comunicó a los clientes que no podían comprometer fechas de entrega ni devoluciones hasta revisar la situación financiera y documental, reportando irregularidades heredadas de la gestión anterior.
El representante de Ferrari en Estados Unidos, Luca Zanetti, firmó un comunicado oficial desde ese país en el que se informó la suspensión de las ventas en Colombia y la búsqueda de un nuevo importador. Mientras tanto, los servicios de mantenimiento y soporte técnico para los clientes actuales continúan disponibles, pero la incertidumbre sobre el futuro de la marca en el país es total. En Colombia circulan entre 70 y 90 unidades Ferrari, mientras la producción mundial de la compañía es de aproximadamente 13.700 automóviles al año.
Los compradores denuncian que la falta de entrega de los vehículos y la negativa a devolver los anticipos constituyen una estafa agravada, y advierten que el caso podría involucrar también a la distribuidora panameña. El proceso penal busca esclarecer si hubo concierto para delinquir y lavado de activos en el manejo de los recursos. La Superintendencia de Industria y Comercio también recibió requerimientos para que intervenga en defensa de los consumidores. Mientras tanto, los afectados esperan que la Fiscalía avance en las investigaciones y que Ferrari Italia concrete la llegada de un nuevo concesionario que permita restablecer la confianza en la marca de lujo en Colombia.
