Un informe de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR), divulgado a través de su Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico, reveló que durante el primer trimestre de 2026 las compras directas de medicamentos realizadas por los ciudadanos en farmacias y droguerías crecieron un 24,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este incremento en el denominado canal comercial, que implica un gasto de bolsillo por parte de los pacientes, contrasta con el crecimiento del 9,4% registrado en el canal institucional, es decir, las entregas que realiza el sistema de salud a través de las EPS. La diferencia entre ambas tasas evidencia una tendencia preocupante: cada vez más colombianos se ven obligados a sufragar con su propio dinero los tratamientos que el sistema no les entrega a tiempo.
El mercado farmacéutico total en el país movió 8,05 billones de pesos durante enero, febrero y marzo de 2026, con un crecimiento general del 14,5% frente al año anterior. De ese total, 5,04 billones corresponden a las ventas del canal institucional, que concentra los medicamentos de alto costo para enfermedades como cáncer y patologías huérfanas, mientras que 3,01 billones de pesos fueron pagados directamente por los consumidores en el canal comercial. En términos de unidades, se comercializaron 310,8 millones de medicamentos: 200,7 millones fueron comprados por los pacientes en farmacias y 110 millones fueron distribuidos por el sistema de salud. Esta diferencia en el volumen, sumada a la disparidad en el crecimiento, refleja que las fallas en la entrega de tratamientos están empujando a los ciudadanos a asumir un costo que debería estar cubierto por su aseguramiento.
Fallas crónicas en la entrega de medicamentos
El informe de ASINFAR señala que la principal causa de este fenómeno son las demoras y negativas de las EPS para entregar los fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. La Defensoría del Pueblo ya había puesto el tema sobre la mesa en su informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, donde documentó cerca de 685.000 quejas por no entrega de medicamentos entre enero de 2024 y julio de 2025. La mayoría de esas reclamaciones corresponden a medicamentos que, en teoría, deberían ser suministrados sin costo por el sistema. La situación se vuelve crítica en enfermedades crónicas o de alto costo, donde la interrupción del tratamiento puede tener consecuencias graves para la salud del paciente.
Además, el análisis del Observatorio advierte que una parte creciente de los recursos institucionales se está destinando a la compra de medicamentos importados, mientras que los fármacos de producción nacional pierden participación en el mercado. Esto agrava la dependencia externa y encarece el sistema, en un contexto donde el bolsillo de los ciudadanos ya está asumiendo una carga adicional. El informe fue difundido inicialmente por Blu Radio con crédito de Colprensa, y pone en evidencia una paradoja: mientras el mercado farmacéutico total crece, el acceso efectivo a los tratamientos se resquebraja para quienes más lo necesitan.
