El Partido Comunes, dirigido por Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, denunció este 30 de diciembre de 2025 a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por vulnerar los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz, al decidir la terminación de los contratos de al menos 18 trabajadores desmovilizados de las Farc que laboraban en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. La decisión, atribuida a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón y al director general Augusto Rodríguez Ballesteros, implica la no renovación de estos prestadores de servicios para el año 2026, sin explicaciones previas, incumplimientos ni llamados de atención, argumentando únicamente las hojas de vida presentadas y avaladas por la colectividad.
Esta medida se presenta como un incumplimiento al marco normativo del Acuerdo de Paz y al principio de confianza legítima, afectando directamente la estabilidad económica de las familias involucradas, incluyendo personas en condición de discapacidad, justo cuando está a punto de entrar en vigencia la ley de garantías. La Subdirección Especializada, creada en 2017 precisamente para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo, sus familiares y el partido Comunes, había contado con el aval de confianza para la contratación de estos colaboradores, conforme al artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 299 de 2017.
Denuncias previas y exigencias del Partido Comunes
Desde la designación de Parada Garzón en el cargo, el Partido Comunes ha alertado sobre vulneraciones similares, sin que se restablezcan las garantías pese a las denuncias institucionales. En su comunicado oficial, el partido exigió el respeto a los derechos laborales, el debido proceso y el principio de confianza legítima, invitando a los sindicatos a acompañar a los afectados en este proceso.
«En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo, con el aval de la dirección de la misma entidad, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que toman la decisión de prescindir de los servicios de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sinrazón alguna que lo justifique y ad portas de la entrada en vigencia de ley de garantías»
Partido Comunes, comunicado oficial
La responsabilidad política y administrativa recae directamente sobre Rodríguez Ballesteros y Parada Garzón, según el Partido Comunes, que ve en esta acción una contradicción flagrante con los objetivos fundacionales de la Subdirección y el espíritu del Acuerdo de Paz firmado en Colombia.
