En un hecho que generó tensión en el centro de Bogotá, grupos afros e indígenas bloquearon los accesos y retuvieron a funcionarios públicos en varias entidades estatales del Centro Administrativo Nacional (CAN), incluyendo el Ministerio de Trabajo, Juzgados Administrativos, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Ministerio de Agricultura y SAE, durante el lunes 16 de febrero. La acción, liderada por comunidades asentadas en la Universidad Nacional y con Alexis Mina Ramos como consejero mayor y vocero, buscaba respuestas urgentes a necesidades básicas como agua y alimentos, así como demandas por tierras y seguridad en territorios afectados por economías ilícitas. El exfiscal General de la Nación y exprecandidato presidencial Francisco Barbosa criticó duramente la situación el martes 17 de febrero, mientras que las negociaciones culminaron en acuerdos que permitieron el retiro de los manifestantes.
La guardia indígena tomó control de las entradas y salidas, instalando banderas de movimientos sociales y mesas de concertación, lo que provocó seis horas de tensión y la retención de centenares de empleados públicos, generando caos en la atención de las sedes estatales e indignación colectiva. Las comunidades, que llevan tiempo en mesas de diálogo sin avances claros, denunciaron la falta de soluciones por parte de los funcionarios, en un contexto de violencia marcado por asedios de drones, secuestros de menores y retenes ilegales en sus territorios.
Acuerdos alcanzados y reacciones divididas
La resolución incluyó la programación de visitas técnicas para el sábado 21 de febrero con la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras, además de una mesa de seguridad con los Ministerios de Justicia y Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Alto Comisionado para la Paz, celebrada el martes. Alexis Mina Ramos destacó que se aseguró el suministro de agua, alimentación, servicios sanitarios y un plan de retorno seguro para las comunidades a sus territorios.
“Las excusas que las den en audiencia ante el juez de control de garantías luego de su judicialización. Lo demás es sometimiento del Estado a estos grupos”
Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación
“Pedimos excusas a las personas afectadas. No había claridad con los funcionarios. Llevamos mucho tiempo en mesas de diálogo y uno ya sabe con quién hablar para que las cosas se agilicen, pero no nos daban soluciones”
Alexis Mina Ramos, consejero mayor y vocero de comunidades afro e indígenas
Barbosa, por su parte, cuestionó la relevancia que el Gobierno del presidente Petro otorga a estas organizaciones indígenas, en un momento en que restan 171 días para el fin de su mandato presidencial. Mina Ramos también subrayó la gravedad de la situación en los territorios:
“La realidad es dictada por el asedio de drones, secuestro de menores, retenes ilegales”
Alexis Mina Ramos, consejero mayor y vocero de comunidades afro e indígenas
“Se logró asegurar el suministro de agua, alimentación, servicios sanitarios y, lo más importante, un plan de retorno seguro para que las comunidades puedan regresar a sus respectivos territorios”
Alexis Mina Ramos, consejero mayor y vocero de comunidades afro e indígenas
Tras los acuerdos, los manifestantes se retiraron de las instalaciones, dejando un episodio que expone las persistentes tensiones entre comunidades vulnerables y el Estado, en medio de demandas por atención humanitaria y protección frente a amenazas en regiones apartadas del país.
