Comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia, alzaron su voz para exigir al Estado colombiano el cese inmediato de bombardeos en territorios donde habita población civil. La solicitud surge tras un ataque aéreo ocurrido el pasado 10 de julio de 2026 en la vereda La Areiza, operativo que dejó dos personas fallecidas —presuntos integrantes del Clan del Golfo, según información oficial— y cuantiosos daños materiales en viviendas y animales de granja que constituyen el sustento de familias campesinas.
El bombardeo, ejecutado de manera conjunta por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se enmarcó en un operativo contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, identificada como una de las más activas en la región. Sin embargo, los representantes de las veredas San Miguel, La Areiza, El Tigrillo, La Picardía y Arenas Blancas denunciaron que las esquirlas alcanzaron viviendas y causaron la muerte de reses de raza Holstein y Brahman, algunas de ellas preñadas, afectando directamente a la población civil que habita la zona.
“Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas exigimos que nunca más se bombardeen territorios donde habita población civil”, señala el comunicado público firmado por los líderes rurales, quienes recalcaron que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores del campo son población protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales de derechos humanos. “No estamos discutiendo una estrategia militar. Estamos defendiendo un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario: la población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades”, añade el texto.
Daños humanos y materiales en la vereda La Areiza
Uno de los habitantes afectados, cuyo nombre no fue revelado, narró con crudeza las consecuencias del ataque. “Requiero ver qué solución me dan también con mi casa; resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada… yo con harto sacrificio me conseguí esos animales trabajando, jornaleando”, expresó, evidenciando el drama que viven quienes perdieron no solo su vivienda, sino también su fuente de ingresos. Las comunidades denuncian que este es el noveno bombardeo contra el Clan del Golfo bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y exigen una investigación independiente, reparación integral, protección efectiva y garantías de no repetición.
En respuesta a las críticas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, defendió la estrategia de seguridad. “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”, detalló. El funcionario agregó que en los últimos cuatro años se han realizado cerca de 600.000 detenciones por distintos delitos y que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más afectado por las acciones estatales. No obstante, las comunidades campesinas consideran que estos operativos no pueden poner en riesgo a la población civil.
“Las comunidades campesinas del núcleo zonal de Arenas Blancas exigimos que nunca más se bombardeen territorios donde habita población civil”
Comunicado público de líderes rurales
Ante la posibilidad de que se repitan este tipo de acciones, los líderes anunciaron que, de persistir la amenaza, su representación jurídica solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Mientras tanto, la población de la vereda La Areiza y las veredas aledañas continúa a la espera de una respuesta estatal que garantice su protección y repare los daños sufridos. “Nunca más bombardeos sobre territorios donde habitan comunidades campesinas. La vida campesina debe ser protegida, no puesta en riesgo”, concluye el comunicado que ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites de los operativos militares en zonas rurales del país.
