Comunidades y mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander, expresaron su rechazo a la convocatoria del Ministerio de Ambiente para adelantar una mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán, programada para el 4 de julio, a menos de un mes del cambio de Gobierno. Ivonne González, presidenta de Asomineros, y Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo de Soto Norte, lideran el descontento al considerar que la iniciativa busca resolver en una sola jornada lo que no se logró concertar en casi una década.
La convocatoria, inesperada y acelerada, se produce días después de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara por desacato a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de los cronogramas relacionados con la delimitación del páramo. La reunión está prevista en Bucaramanga y, según los líderes regionales, vulnera derechos fundamentales al no contar con la consulta debida ni el consenso técnico que requiere un tema de esta magnitud.
“Mico” a la delimitación
Ivonne González, presidenta de Asomineros, denunció que el Gobierno saliente está intentando imponer cambios de última hora: “Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán”. En declaraciones a medios locales, insistió en que “tenemos que poner esta alerta por el mico o elefante que le quieren meter a la delimitación del Páramo de Santurbán”. En un comunicado conjunto, los pequeños mineros afirmaron que el Ministerio pretende resolver “en una sola jornada lo que no logró concertar en casi una década”.
El proceso de delimitación del páramo fue ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361, pero las comunidades denuncian que se replican mecanismos de participación con baja asistencia en municipios como Girón y Floridablanca. En 2022, desde Vetas se pidió una delimitación parcial, pero el Ministerio respondió entonces que el macizo no podía dividirse; ahora las comunidades acusan al Gobierno de hacer lo contrario, al promover cambios sin el consenso regional.
Llamado a la Procuraduría
Ante la situación, los líderes pidieron que el proceso sea revisado durante el empalme presidencial y no definido en los últimos días de la administración saliente. También solicitaron la intervención de la Procuraduría y denunciaron una violación de los principios del Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales. La delimitación impacta directamente a las comunidades, las actividades productivas y los territorios de Soto Norte, por lo que exigen que cualquier decisión se tome con el debido consenso y respeto a los derechos fundamentales.
“Este Gobierno saliente está intentando meter un mico a la delimitación de Santurbán”.
Ivonne González, presidenta de Asomineros
La sanción por desacato contra la ministra Irene Vélez Torres y la proximidad del cambio de Gobierno han intensificado la tensión en la región. Mientras tanto, las comunidades mantienen su postura firme: no aceptarán una delimitación impuesta sin concertación y piden que el nuevo mandatario electo, Abelardo De La Espriella, revise el proceso en el marco del empalme presidencial.
