En una sesión llevada a cabo el 4 de noviembre, Andrea Peñarredonda Gómez fue elegida como coordinadora de la Comisión para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de la República, con doce votos a favor y ninguno en contra. La designación, sin embargo, se produce en medio de una controversia judicial que ha rodeado el proceso de selección, luego de que una primera convocatoria fuera anulada por el Consejo de Estado y una tutela intentara suspender la segunda.
El camino hacia la elección comenzó el 29 de mayo, cuando el Senado abrió una convocatoria pública para proveer el cargo, que había quedado vacante. De los ocho postulantes iniciales, solo María Lucía Jaimes Bohórquez logró ser admitida tras la verificación de requisitos, y su lista quedó firme desde el 12 de junio. Sin embargo, la elección nunca se concretó en esa instancia.
Dos procesos paralelos y una anulación judicial
El 22 de septiembre, la Cámara de Representantes abrió una segunda convocatoria para el mismo cargo, lo que generó una inmediata reacción por parte de Jaimes, quien interpuso una acción de tutela argumentando una presunta vulneración al debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos, así como una supuesta falta de competencia de la Cámara para adelantar el proceso. El Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá admitió la tutela, pero negó la medida provisional solicitada para suspender la convocatoria.
El 15 de octubre, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la primera convocatoria del Senado, al considerar que fue expedida solo por el entonces presidente del Senado, Lidio García Turbay, cuando correspondía a la mesa directiva en pleno tomar esa decisión. Como consecuencia, la segunda convocatoria impulsada por la Cámara continuó su curso sin obstáculos legales.
Una única candidata habilitada
En la segunda convocatoria se presentaron tres aspirantes: Yenica Acosta, Camilo Romero Galván y Andrea Peñarredonda Gómez. Tras la verificación de los requisitos, solo Peñarredonda cumplió con lo exigido, lo que la dejó como la única opción viable en la votación del 4 de noviembre, donde fue elegida sin oposición.
Andrea Peñarredonda, abogada de profesión, ya había prestado servicios profesionales en el Senado. De acuerdo con información publicada por la revista CAMBIO, el cargo de coordinador exige al menos tres años de experiencia en derechos humanos, infancia o adolescencia. Según una hoja de vida de Peñarredonda de 2021, su experiencia previa se concentraba en contratación pública, gestión de proyectos y derecho comercial, por lo que debió acreditar experiencia adicional posterior para cumplir con el perfil.
Peñarredonda es hermana de Daniel Peñarredonda, quien hasta 2025 fue socio y abogado de Abelardo de la Espriella en la firma De la Espriella Lawyers. Por su parte, la tutela de Jaimes sostenía que el cargo pertenece a la planta del Senado, por lo que la Cámara no tendría competencia para abrir un nuevo proceso. Aunque la designación ya está formalizada, la controversia sobre la legalidad y transparencia del proceso persiste en el ámbito político y jurídico.
