El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, acusa al presidente Gustavo Petro de intentar reescribir la historia del ataque del M-19 al Palacio de Justicia en 1985, un episodio que dejó 98 muertos y 11 desaparecidos. Briceño hizo estas afirmaciones en el marco de un debate público que revive una de las fechas más sensibles de la memoria reciente de Colombia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá y desató una toma y retoma que culminó con un saldo devastador para magistrados, empleados y civiles. Desde la redacción de La Veintitrés Manizales, este tema se presenta como un nuevo capítulo de la memoria histórica en disputa.
Entre los elementos difundidos figuran los nombres de actores clave: Daniel Briceño, concejal bogotano del Centro Democrático; Gustavo Petro, Presidente de la República; Luis Otero y Andrés Almarales, vinculados al M-19; y Manuel Gaona Cruz, magistrado asesinado durante el asalto. La descripción de lo ocurrido recuerda un ataque violento del M-19 que incluyó el secuestro y asesinato de magistrados, empleados y civiles, la quema de expedientes y la toma y, posteriormente, la retoma del Palacio. Briceño sostiene que toda la operación forma parte de una campaña para justificar el terrorismo y distorsionar la verdad histórica.
Debate sobre la memoria del Palacio de Justicia enciende la polarización
El 6 y 7 de noviembre de 1985 quedan marcados como la fecha de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, un episodio que dejó 98 muertos y 11 desaparecidos, de los cuales ocho siguen sin identificarse. Con motivo de las declaraciones de Briceño, se reabre la discusión sobre la interpretación de los hechos y la responsabilidad de los actores. Autoridades y opositores han endurecido sus posturas, lo que aumenta la polarización política y reaviva el choque entre los discursos oficiales y las corrientes defensoras de la memoria histórica.
«El M-19, grupo guerrillero financiado por el narcotráfico, atacó violentamente el Palacio de Justicia. Secuestró y asesinó magistrados, empleados y civiles, intentando doblegar el Estado y destruir la democracia» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«El M-19 no fue un movimiento romántico, como algunos quieren hacer creer. Fue un grupo criminal aliado con el cartel de Medellín que atacó a la justicia para frenar la extradición de los narcotraficantes. Quemaron expedientes, secuestraron magistrados y asesinaron inocentes» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«Presidente, no hay genialidad en asesinar magistrados, no hay genialidad en incendiar la justicia, no hay genialidad en incentivar y hacer terrorismo» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«No podemos olvidar que el magistrado Manuel Gaona Cruz, defensor del tratado de extradición y de la independencia judicial, fue asesinado dentro del palacio por los guerrilleros del M-19 en un crimen con motivación política y criminal mientras cumplía su deber de defender la ley» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«esa defensa que hace el presidente es inaceptable» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«Petro admiraba tanto al delincuente Almarales que cambió su alias de Aureliano por el de Andrés en su honor, tal y como el mismo Petro lo dice en su libro» – Daniel Briceño, Concejal de Bogotá
«La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó decenas de muertos y 11 desaparecidos, de los cuales 8 siguen sin ser identificados» – Colprensa
En el plano de los datos secundarios, se señala que el M-19 sería descrito como un grupo criminal con relación al narcotráfico y al cartel de Medellín. Andrés Almarales y Luis Otero son citados como los principales responsables del golpe, y se afirma que Petro habría defendido a Almarales en opiniones citadas por Briceño. También se alude al hecho de que Petro habría mostrado admiración por Almarales, como consta en su libro, lo que, para Briceño, amplía la controversia sobre sus posturas frente a la memoria de los hechos. Estas afirmaciones aterrizan en un contexto de memoria histórica y de debates sobre la responsabilidad de los actores y la verdad histórica en un episodio que continúa generando fracturas en la opinión pública.
El contexto necesario para entender este choque de narrativas es claro: el ataque al Palacio de Justicia marcó para siempre un punto de inflexión en la Historia reciente de Colombia y, cuarenta años después, la discusión sobre memoria, verdad y responsabilidad vuelve a capturar titulares, con un efecto visible en la polarización política y en la forma en que distintos sectores interpretan la relación entre terrorismo, Estado y democracia.
