El concejal de Bogotá Marco Acosta presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por un presunto acuerdo entre el Gobierno y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. La denuncia se fundamenta en audios divulgados por Noticias Caracol que, según el cabildante, detallarían acuerdos previos entre altos funcionarios del Ejecutivo y la principal estructura narcotraficante del país, lo que comprometería la seguridad nacional, las operaciones de la Fuerza Pública y la política criminal del Estado.
En la denuncia, Acosta señala que dichos acuerdos habrían implicado la reducción de operaciones militares, limitaciones a la acción de la fuerza pública y otras concesiones inaceptables para cualquier Estado de Derecho, además de extradiciones que favorecerían a miembros de la organización criminal. El concejal solicita la comparecencia de Danilo Rueda, ex alto comisionado para la Paz; Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); e Iván Velásquez, exministro de Defensa, como parte de las pruebas que deberá evaluar la Comisión de Acusaciones para decidir si inicia una investigación preliminar.
«El país merece conocer la verdad. Si estas denuncias resultan ciertas, estaríamos frente a hechos de una gravedad sin precedentes que comprometerían la seguridad nacional, la independencia de las instituciones y la lucha contra el crimen organizado», afirmó Marco Acosta, concejal de Bogotá.
La denuncia surge luego de que Noticias Caracol publicara una serie de audios que detallarían los presuntos acuerdos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, organización que opera en varias regiones del país y es considerada la principal estructura narcotraficante de Colombia. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá ahora valorar las pruebas presentadas, incluyendo los audios y la solicitud de testimonio de los funcionarios mencionados, para determinar si existen méritos que justifiquen abrir un proceso formal contra el jefe de Estado.
