En una contundente denuncia durante la sesión plenaria del Concejo de Bogotá el viernes 20 de marzo de 2026, el concejal Leandro Castellanos expuso un presunto acoso laboral sistemático, represalias y eliminación de pruebas en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), atribuido directamente a Hugo Alexánder Cortés León, jefe de la Oficina de Asuntos Locales. Castellanos presentó la radicación de la queja ante el Comité de Convivencia Laboral del IDRD, fechada el 13 de mayo de 2025 y elevada formalmente el 27 de septiembre de 2025, destacando hechos que se remontan a febrero de 2024, con testimonios de varios funcionarios afectados por un ambiente hostil que ha deteriorado su salud mental, incluyendo el caso extremo de una funcionaria que intentó atentar contra su vida.
La exposición incluyó evidencias como la supuesta eliminación del audio de una reunión del Comité de Convivencia Laboral, junto con traslados arbitrarios y remociones de los denunciantes, generando un clima de temor y retaliación en el IDRD. Castellanos subrayó el abuso de autoridad, amenazas y un posible encubrimiento institucional que falla en proteger a sus trabajadores, lo que ha motivado quejas iniciadas en 2024 y ahora elevadas públicamente en el Concejo.
Demanda de investigaciones y protección
El concejal solicitó de inmediato investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación y otras entidades de control, protección para los denunciantes y una revisión exhaustiva del manejo de las pruebas. Hasta el momento, el IDRD no ha emitido una respuesta oficial pública sobre estas graves acusaciones, que involucran a varios funcionarios bogotanos en un entorno laboral tóxico.
“Lo que está ocurriendo en el Idrd es gravísimo. No solo hablamos de acoso laboral, sino de posibles actos de encubrimiento, eliminación de pruebas y una institucionalidad que estaría fallando en proteger a sus funcionarios. Bogotá merece respuestas y acciones inmediatas”
Leandro Castellanos, concejal de Bogotá
Este caso pone en evidencia fallas en la convivencia laboral del IDRD y exige una respuesta institucional urgente para restaurar la confianza y garantizar la integridad de los empleados públicos en la capital.
