El concejal de Bogotá Juan David Quintero radicó ante la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación un informe de más de 70 páginas en el que se cuestionan presuntas irregularidades en la Asociación Público-Privada (APP) del estadio El Campín, un proyecto valorado en cerca de 2,4 billones de pesos. El documento, que no determina responsabilidades ni constituye una decisión judicial, fiscal o disciplinaria, plantea hipótesis que deben ser contrastadas por las autoridades para establecer si hubo advertencias previas sobre incompatibilidades, quiénes conocieron el expediente y qué decisiones se tomaron antes de la firma del contrato con Sencia S.A.S., ocurrida el 7 de junio de 2024.
Quintero, quien ya había señalado que la ciudad privilegió un negocio especulativo, apunta en su informe a un posible conflicto de interés protagonizado por Jaime Luque Ramírez, exasesor de la dirección de APP del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) hasta el 16 de mayo de 2019, y que posteriormente apareció como representante legal suplente de Sencia en junio de 2024. El concejal sostiene que ese paso podría violar el Código General Disciplinario, que prohíbe de manera indefinida asesorar asuntos privados que se conocieron durante el ejercicio de funciones públicas. Además, se cuestionan los cambios contractuales introducidos mediante el Otrosí No. 1, suscrito en julio de 2025, que modificó la ingeniería inicial del proyecto: en lugar de reconstruir el estadio por tribunas sobre la huella actual, se permitiría levantar un nuevo escenario en otra zona del predio y mantener el existente durante las obras, incrementando la capacidad a 50.000 asistentes.
Las cifras detrás de la denuncia
El informe también pone bajo lupa las condiciones financieras del contrato. Se cuestiona que una minuta previa a la adjudicación condicionaba el pago de 26.101 millones de pesos por costos de estructuración que Sencia debía transferir a APP CDEC a que el originador no resultara ganador, condición que habría desaparecido en el contrato definitivo. La contraprestación total causada en 2025 asciende a aproximadamente 390,8 millones de pesos, con ingresos brutos implícitos de 39.086 millones, de los cuales al Idrd le quedarían disponibles cerca de 78,1 millones de pesos, equivalentes al 0,2% de esos ingresos. Otra operación bajo sospecha es la compra del 51% de Sencia por parte de Corficolombiana, valorada en aproximadamente 85.949 millones de pesos, lo que para Quintero evidencia un negocio especulativo donde los empresarios habrían obtenido ganancias a costa de la credibilidad de las APP.
«Me reitero en que la ciudad privilegió un negocio especulativo donde unos hábiles empresarios han hecho mucha plata, mientras que hoy nuestro estadio, el fútbol, pero sobre todo la credibilidad en una apuesta que fueron las APP, están en entredicho»
Juan David Quintero, concejal de Bogotá
La APP de El Campín concede a Sencia el desarrollo, operación, mantenimiento y explotación económica del complejo, que incluye un nuevo estadio, auditorio, hotel, oficinas, comercios, parqueaderos y espacios para eventos. Quintero solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán que tome medidas frente al equipo directivo del Idrd mientras avanzan las indagaciones. Las entidades de control deberán determinar si existen faltas disciplinarias, fiscales, penales o contractuales, y establecer si las condiciones del contrato favorecieron indebidamente a los privados en detrimento del interés público.
