En un hecho que ha generado conmoción en el ámbito político nacional, el concejal de Medellín José Luis Marín, conocido en redes como @AquinoTicias1, fue víctima de una amenaza directa en plena sesión del Concejo Municipal. Un ciudadano no identificado, que se encontraba como invitado en el recinto, se acercó al edil para advertirle que se está conformando un grupo paramilitar en el municipio de Tarazá, Antioquia, contra integrantes del Pacto Histórico, entre ellos el propio Marín, el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. El incidente, ocurrido el miércoles 8 de julio de 2026, fue grabado por el concejal y difundido al día siguiente a través de su cuenta en X, desatando una ola de solidaridad y exigencias de protección.
Durante la intimidación, el ciudadano le espetó a Marín: “Se está formando un grupo paramilitar contra ustedes”. Cuando el concejal intentó indagar más, el hombre replicó de manera despectiva: “No pregunte huevonadas”. Marín, visiblemente alterado pero firme, respondió en el video: “Un hostigador de ustedes viene a atacarme y yo lo grabo. Al que lo invitó a hostigarme dígale que lo felicito porque no es capaz de debatir los temas”. El edil cuestionó además la inacción de las autoridades y de la mesa directiva del Concejo, señalando que mientras él era hostigado, los presentes aplaudían, mientras la UNP, la Personería de Medellín, la Procuraduría y la misma mesa directiva no reaccionaban.
Exigencias de protección e investigación
La senadora María José Pizarro fue una de las primeras en reaccionar con contundencia. A través de un mensaje en la misma red social, fechado el jueves 9 de julio, dirigió un reclamo directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al presidente del Concejo, Alejandro de Bedout: “Como así Sr. @FicoGutierrez y @alejodebedout que un invitado de sus concejales entra a amenazar al concejal del @PactoCol @AquinoTicias1 de que se esta creando un grupo paramilitar en contra de nuestro proyecto político y no hacen nada”. La congresista exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General y a la Policía Nacional que actúen de inmediato. “Exijo a la @UNPColombia que proteja a nuestro concejal, a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia que investiguen. Mi abrazo siempre a Aquino”, escribió.
“Exijo a la @UNPColombia que proteja a nuestro concejal, a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia que investiguen. Mi abrazo siempre a Aquino”.
María José Pizarro, senadora de la República
La senadora Kamelia Zuluaga también se pronunció, expresando su solidaridad con el concejal y recordando que en Tarazá la población ha sufrido históricamente la violencia. “En pleno @ConcejoMedellin amenazan a concejal @AquinoTicias1; toda nuestra solidaridad. En Tarazá la gente ha vivido la violencia y por eso escogió la vida. Que la @FiscaliaCol investigue y lleve hasta las últimas consecuencias”, afirmó Zuluaga. Por su parte, Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, calificó el hecho como “gravísimo” y pidió una investigación urgente. La organización Didedinga exigió a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la UNP que brinden protección al concejal amenazado.
Contexto de violencia en Tarazá y seguridad en el Concejo
El hecho reaviva las alertas sobre la seguridad de los dirigentes del Pacto Histórico, especialmente en Antioquia, donde el municipio de Tarazá aparece señalado como el lugar donde operaría el presunto grupo paramilitar que amenaza a Petro, Cepeda y Marín. Además, el incidente pone en entredicho los protocolos de acceso al recinto del Concejo de Medellín, pues el ciudadano amenazante ingresó como invitado de concejales que hasta el momento no han sido identificados. José Luis Marín, en su publicación en X, cuestionó la ausencia de garantías: “¿Y la @UNPColombia? ¿Y la @personeriamed? ¿Y la @PGN_COL? ¿Y la mesa directiva del @ConcejoMedellin (que debe dar garantías a todos los concejales)? Obvio aplaudiendo. Porque a la opinión la hostigan y amenazan y no pasa absolutamente nada”. Las autoridades, entre ellas la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, y la UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, están llamadas a investigar y adoptar medidas de protección para evitar que estas amenazas se conviertan en hechos de sangre.
