El concejal de Medellín Alejandro de Bedout presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, acusándola de presuntas interferencias en operativos de la Fuerza Pública realizados en varios municipios de Antioquia, como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá. La denuncia se centra en acciones que buscaban cuestionar y frenar operaciones militares y policiales contra el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y bandas criminales, mediante llamadas, mensajes y solicitudes directas de la senadora, sus familiares y asesores a ocho generales del Ejército y la Policía.
Uno de los episodios clave ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, donde durante un operativo resultaron muertos dos soldados, se abatió a un cabecilla criminal y tres adolescentes armadas fueron entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esa fecha, el asesor de Zuleta, Johan Edisson Giraldo, contactó a un general para intervenir. Otro incidente mencionado es el denominado “tarimazo” en julio de 2025. Los ocho generales testigos incluyen cinco en servicio activo y tres en retiro, y sus testimonios, revelados por la revista Semana, sustentan las acusaciones.
Investigaciones en curso y posibles delitos
La senadora Zuleta ya enfrenta múltiples investigaciones penales, disciplinarias, administrativas y un proceso en el Consejo de Estado por posible pérdida de investidura. Las autoridades analizan posibles delitos como abuso de función pública, prevaricato por acción u omisión, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la interposición de la denuncia ante la Corte Suprema, mientras que Zuleta ha defendido sus acciones como legítimo control político y defensa de los derechos humanos y la población civil. Adicionalmente, en noviembre de 2025 realizó una retractación pública por injuria en contra de Gutiérrez.
Este caso pone en el centro del debate público los límites entre el ejercicio de la función legislativa y las posibles intromisiones en la seguridad operativa de las fuerzas del orden, en un contexto de creciente confrontación contra estructuras criminales en Antioquia.
