El concejal de Medellín Alejandro de Bedout denunció que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) está autorizando permisos laborales a sus funcionarios para que participen en la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro el próximo miércoles 7 de enero de 2026 a las 4:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Esta movilización busca defender la soberanía nacional en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Colombia y el mandatario colombiano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades norteamericanas.
De Bedout hizo el pronunciamiento a través de su cuenta en X, basándose en una circular interna filtrada del Sena que, según él, evidencia el uso indebido de estructuras públicas y tiempo laboral para una actividad política. El concejal criticó las presiones institucionales que, a su juicio, se ejercen sobre los servidores públicos para asistir a la jornada, en medio de crecientes tensiones bilaterales entre EE.UU. y Colombia generadas por las acusaciones de Trump contra Petro relacionadas con el narcotráfico.
Declaraciones que encienden la polémica
El contexto de la marcha se remonta a las recientes afirmaciones de Trump, quien describió a Colombia como un país «muy enfermo» y llegó a sugerir que «una intervención militar en el país ‘suena bien’». En respuesta, Petro ha defendido su gestión contra el narcotráfico, publicando extractos de sus cuentas bancarias para desmentir señalamientos en su contra, y ha reiterado que la movilización pretende lograr una unidad nacional frente a estas críticas externas. Mientras tanto, políticos de izquierda han salido en defensa de la participación voluntaria de los servidores públicos en la protesta.
«Colombia está muy enferma»
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
«una intervención militar en el país ‘suena bien’»
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
«No soy ilegítimo, ni soy narco»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La oposición, representada por figuras como De Bedout, ha cuestionado el empleo de recursos estatales en eventos políticos, avivando un debate sobre los límites entre la función pública y la militancia partidista en un momento de alta polarización por las relaciones con Washington y la extradición de Maduro.
