La circulación de un video en el que el concejal de Valledupar Oswaldo Díaz aparece exhibiendo un arma de fuego y profiriendo amenazas directas contra simpatizantes del petrismo ha desatado una ola de críticas por parte de la oposición, que ha hecho un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen el caso. En las imágenes, Díaz, quien además se identifica como subteniente de la reserva, sostiene el arma y afirma sin ambages: «Listo para la guerra. Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. Aquí la tengo lista para la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar el balín». La amenaza, que ya se ha viralizado en redes sociales, ha sido interpretada por la bancada del Pacto Histórico como una peligrosa escalada en el discurso violento contra la izquierda en Colombia.
Ante la controversia, el concejal ha intentado matizar su accionar asegurando que el material que está circulando «presenta una edición» y que ha sido descontextualizado. En un giro que busca calmar los ánimos, Díaz ofreció disculpas: «A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que está circulando, expreso mis disculpas». Sin embargo, la defensa del concejal no ha logrado contener la reacción de la oposición, que considera que el daño ya está hecho y que las disculpas no borran la gravedad de la amenaza. La representante a la Cámara Mafe Carrascal fue contundente al afirmar que «quien ocupa la Presidencia no puede desentenderse del significado social de sus palabras ni de lo que estas autorizan en sus seguidores», vinculando directamente el incidente con la retórica del presidente Gustavo Petro y, de manera más específica, con la polémica frase del candidato Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña prometió «destripar a la izquierda».
La oposición clama por garantías y justicia
La indignación ha cruzado las filas del progresismo colombiano. La exsenadora María José Pizarro, al reaccionar al video, señaló con ironía: «¿No que era un ‘lapsus’ del candidato Abelardo? Hoy queda claro que están promoviendo la eliminación de la izquierda y el progresismo». Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar utilizó la red social X para anunciar con un tono irónico y desafiante: «Voy para Valledupar. Si no regreso me dio balín el concejal Oswaldo Díaz Ortiz». La declaración de Bolívar, aunque hecha en tono de advertencia, refleja la percepción generalizada en el Pacto Histórico de que existe una amenaza real y creciente contra su integridad física.
«No vamos a esperar a que una amenaza se convierta en atentado para reaccionar. El Estado tiene el deber constitucional de protegernos y el Gobierno tiene la obligación de demostrar que su retórica no será la antesala de nuevas violencias»
Mafe Carrascal, Representante a la Cámara del Pacto Histórico
Desde la región, el exgobernador de Nariño Camilo Romero se sumó a la condena y situó las amenazas en un contexto histórico de violencia política en Colombia. Romero recordó que el «proyecto político» del petrismo representa a más de 12 millones de votantes, y alertó que este tipo de discursos no pueden quedar impunes. «Tenemos una profunda diferencia con la derecha, con la extrema derecha, sobre cómo gobernar a Colombia. Pero esas diferencias tienen que tramitarse y resolverse en democracia, con argumentos, con ideas, con votos. Jamás con balines, con armas y con amenazas», sentenció. En su intervención, no dudó en traer a colación el oscuro pasado del exterminio de la Unión Patriótica, donde más de 6.000 militantes fueron asesinados, para advertir que la historia no debe repetirse.
La controversia se da en un clima de alta tensión política, donde la oposición denuncia una sistemática estigmatización de sus líderes. La representante Carrascal también apuntó contra el reciente nombramiento de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien acusan de haber lanzado expresiones despectivas contra la oposición y de no ofrecer las garantías necesarias. Además, denunció que desde el Congreso, el militante del Centro Democrático Daniel Briceño calificó los esquemas de seguridad para congresistas como un «lujo». Ante este panorama, la bancada opositora asegura estar «notificada» de lo que consideran una escalada del discurso violento, y exige a las autoridades una acción inmediata que demuestre que en Colombia las diferencias políticas se resuelven en las urnas y no a punta de amenazas.
