En una decisión que podría transformar la manera en que millones de mujeres y niñas colombianas acceden a productos de gestión menstrual, el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque. El recurso busca que el Ministerio de Salud modifique la resolución vigente que excluye del listado de servicios financiables con recursos del sistema de salud a las toallas higiénicas y otros insumos de cuidado menstrual. La alta corte iniciará ahora el estudio de fondo de los argumentos presentados, en un proceso que reactiva el debate sobre la financiación pública de estos elementos esenciales.
La demanda sostiene que la actual exclusión de estos productos del Plan de Beneficios en Salud constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud de las mujeres. Según el concejal Sastoque, al impedir que estos insumos sean cubiertos con recursos públicos destinados a la protección sanitaria, el Estado está obstaculizando que las personas puedan gestionar su menstruación en condiciones de dignidad. Esta situación se agrava en casos de mujeres con discapacidad o en situación de vulnerabilidad económica, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a los elementos básicos de higiene menstrual.
Una crisis silenciosa que afecta a millones
Las cifras oficiales revelan la magnitud del problema. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indican que el 33,6 por ciento de la población en Colombia, cerca de 17,3 millones de personas, enfrenta problemas estructurales para gestionar su menstruación. La misma entidad reportó que entre mayo de 2021 y mayo de 2022, el 15,1 por ciento de las mujeres que menstruaron tuvieron dificultades económicas para adquirir insumos. Esta carencia tiene consecuencias concretas: el 3,3 por ciento de las mujeres sin ingresos recurrieron a alternativas como telas, trapos o papel higiénico, una práctica que incrementa los riesgos de infecciones y afecta su dignidad personal.
«Tenemos buenas e importantes noticias y es que el Consejo de Estado admitió nuestra demanda para que el Ministerio de Salud modifique la resolución que prohíbe que los insumos de cuidado menstrual indispensables para nuestras niñas, jóvenes, mujeres, puedan ser cubiertos con los recursos públicos, los recursos del sistema de salud»
Julián Sastoque, concejal de Bogotá
El impacto no se limita a la esfera económica. La falta de acceso a productos adecuados y a instalaciones sanitarias apropiadas interrumpe la vida cotidiana de las mujeres. Un estudio de Unicef señala que el 62 por ciento de las niñas en áreas rurales ha faltado al menos un día al colegio por motivos asociados a la menstruación. Además, el 7,9 por ciento de las mujeres indicó haber enfrentado obstáculos para acceder a baños limpios y privados durante su periodo, mientras que el 8 por ciento interrumpió sus actividades diarias por dolor y el 3,3 por ciento lo hizo por no tener dinero para productos de higiene. El desafío es particularmente notorio en ciudades principales y zonas rurales, donde la infraestructura sanitaria resulta insuficiente.
Un antecedente local que marca el camino
La demanda presentada ante el Consejo de Estado se apoya en antecedentes legislativos y judiciales importantes. El propio Julián Sastoque impulsó y logró la aprobación en 2024 de un proyecto en Bogotá que ordena a los colegios públicos entregar insumos de cuidado menstrual a niñas y jóvenes, acompañado de una estrategia distrital para desestigmatizar el tema. Esta iniciativa local funciona ahora como modelo de lo que se busca replicar a nivel nacional. La demanda también se fundamenta en pronunciamientos previos de la Corte Constitucional, que han vinculado el acceso a estos insumos con el derecho fundamental a la salud, tal como lo ha hecho la alta corte colombiana al señalar que bloquear el acceso a estos productos impide gestionar la menstruación con dignidad, una situación que se agrava para personas con discapacidad o en contextos de vulnerabilidad económica.
«Eso mismo hay que hacerlo en Colombia cuando la Corte Constitucional ha dicho que cuando no se permite el acceso a estos insumos y productos, se está bloqueando el derecho a la salud por no poder gestionar la menstruación con dignidad y que se agrava cuando hay personas con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad económica»
Julián Sastoque, concejal de Bogotá
Expertas en el tema han ampliado la mirada sobre la problemática. Lina Corredor, directora de La Aliada, ha señalado que la situación no se reduce al acceso físico a los productos, sino que abarca barreras económicas, sanitarias y educativas que configuran lo que denomina «empobrecimiento menstrual». Este concepto pone el foco en la responsabilidad institucional para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan vivir su menstruación sin que esto represente una carga adicional que limite sus oportunidades. Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado abre la puerta a un debate que podría redefinir el alcance del sistema de salud colombiano en materia de cuidado menstrual.
«Por eso le pedimos a los magistrados del Consejo de Estado que acoja nuestros argumentos por el derecho fundamental a la salud de nuestras niñas, jóvenes y mujeres»
Julián Sastoque, concejal de Bogotá
