El concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para suspender la Resolución conjunta 1250 de 2026, expedida por el Gobierno Petro, que adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el período 2026-2035. La demanda, presentada el 16 de julio, argumenta que el acto administrativo impone condiciones de ideología sexual en los colegios de manera ilegal y desconoce las competencias del Congreso y del Presidente de la República.
Según la demanda, cuatro ministerios —Salud, Educación, Trabajo y Cultura— asumieron facultades que no les corresponden al crear una política pública nacional con vigencia de diez años y al pretender incorporar obligatoriamente su contenido en los currículos de instituciones educativas públicas y privadas. La resolución, expedida a menos de un mes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto de 2026, cuando asumirá el presidente electo Abelardo de la Espriella, busca definir una hoja de ruta para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas ante emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, ITS e interrupción voluntaria del embarazo.
Los ejes estratégicos y la polémica
El documento establece cinco ejes estratégicos: transformación de normas sociales y de género; fortalecimiento de gobernanza y capacidades institucionales; protección frente a violencias de género; acceso efectivo a servicios integrales; y priorización de sujetos de especial protección constitucional. La política tiene aplicación en todo el territorio nacional y orienta la actuación de autoridades nacionales y territoriales. Sin embargo, el concejal Barrios sostiene que la resolución constituye un acto administrativo ilegal porque los ministerios involucrados excedieron sus competencias y desconocieron la potestad reglamentaria del Presidente y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República.
«Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República».
Andrés Barrios, concejal de Bogotá
La demanda busca la suspensión inmediata del acto administrativo mientras se resuelve de fondo la nulidad. El caso queda ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de una política impulsada en los últimos meses del actual gobierno y que ha generado un intenso debate sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo en materia educativa y de derechos sexuales. Mientras tanto, la resolución sigue vigente en todo el territorio nacional, a la espera de una decisión judicial que podría frenar su implementación. El concejal Barrios ha insistido en que no se opone a los derechos sexuales y reproductivos, sino a la forma en que se pretende imponer una política sin el debate y la aprobación del Congreso, que es el órgano competente para legislar en educación.
