En un intercambio de posiciones que ha avivado el debate sobre derechos reproductivos en la capital colombiana, la concejal de Bogotá Clara Lucía Sandoval, ponente del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 conocido como “Ruta por la Vida”, rechazó este sábado 21 de febrero las objeciones presentadas por el alcalde Carlos Fernando Galán, a quien acusó de actuar por “conveniencia electoral y maniobra ideológica”. La controversia se centra en el Concejo de Bogotá, donde el mandatario envió una carta a la Secretaría General amparada en el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993, alegando inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto que busca crear una ruta de acompañamiento psicosocial para mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer.
Sandoval defendió la iniciativa argumentando que parte de una premisa equivocada al afirmar que el Concejo está regulando la salud de mujeres embarazadas, lo cual calificó de falso. “La Ruta por la Vida no regula aspectos clínicos, sanitarios ni epidemiológicos, no crea indicadores médicos ni modifica el aseguramiento. Es un programa de acompañamiento psicosocial e intersectorial, competencia del Concejo según el Decreto 1421”, enfatizó la concejal. Esta objeción devuelve el texto al trámite en el Cabildo distrital, en un contexto donde se reporta un incremento del 47% en conductas suicidas entre mujeres embarazadas, y la natalidad en Bogotá alcanza su nivel histórico más bajo.
Defensa del proyecto y críticas a la objeción
El proyecto, ya aprobado por el Concejo, pretende articular servicios de salud, información y apoyo psicosocial para gestantes, distinguiéndose de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal por su enfoque específico en salud mental. Sandoval cuestionó la ruta sanitaria y técnica existente, afirmando que “dicha ruta es sanitaria y técnica, mientras que la Ruta por la Vida se enfoca en acompañamiento en salud mental y apoyo integral. Si lo existente fuera suficiente, no tendríamos mujeres y profesionales de la salud señalando que el sistema ofrece el aborto repetidamente sin alternativas reales de acompañamiento”. Remató con una frase contundente: “Cuando algo no está funcionando, se mejora; no se bloquea”.
“conveniencia electoral y maniobra ideológica”
Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá
Posición de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo respaldó la revisión del proyecto y alertó sobre sus posibles implicaciones, argumentando que “la iniciativa introducía barreras directas e indirectas para el ejercicio del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en contravención de la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-055 de 2022, y de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos sexuales y reproductivos”. Además, la entidad señaló que “institucionalizaba mecanismos de disuasión, vigilancia y estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres, hombres trans y personas no binarias e intersex con capacidad de gestar, lo cual constituiría una forma de violencia institucional incompatible con los principios de dignidad humana, autonomía y no regresividad en derechos humanos”. La Defensoría también destacó su incompatibilidad con el Acuerdo Distrital 879 de 2023 y ofreció acompañamiento técnico y jurídico en el proceso.
“una premisa equivocada: afirmar que el Concejo está regulando la salud de mujeres embarazadas. Eso es falso. La Ruta por la Vida no regula aspectos clínicos, sanitarios ni epidemiológicos, no crea indicadores médicos ni modifica el aseguramiento. Es un programa de acompañamiento psicosocial e intersectorial, competencia del Concejo según el Decreto 1421”
Clara Lucía Sandoval, concejal de Bogotá
Este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo bogotano pone en el centro del debate público la tensión entre el apoyo psicosocial a la maternidad y la garantía de derechos reproductivos, en un momento crítico para la salud mental de las mujeres gestantes en la ciudad.
