El concejal de Bogotá Julián Sastoque puso en la mira un proceso contractual abierto por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la adquisición de seis perros entrenados, cuyo costo total asciende a 100,8 millones de pesos. El cabildante anunció que presentará un derecho de petición para revisar el precio unitario de 16,8 millones por animal, así como las condiciones en las que se encuentran los caninos que serían destinados a reforzar la seguridad en la Cárcel Distrital de Varones y el Centro Especial de Reclusión de la capital.
Según la información conocida por Blu Radio, el proceso busca incorporar ejemplares de las razas pastor holandés, pastor belga y labrador retriever de pelo corto, que recibirían entrenamiento especializado para labores de vigilancia penitenciaria. Sin embargo, Sastoque cuestionó que no se haya establecido con claridad qué ocurrirá con aquellos perros que no logren superar el entrenamiento, así como el destino final de los animales cuando concluya su vida útil operativa, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles fallas en materia de bienestar animal.
Cuestionamientos sobre el valor y el bienestar animal
El concejal también pidió a los organismos de control verificar si el precio de referencia de 16,8 millones por cada ejemplar se ajusta a los valores de mercado en procesos similares, y exigió que la administración distrital explique por qué se optó por la compra de perros entrenados en lugar de alternativas tecnológicas que podrían cumplir funciones equivalentes de vigilancia. Sastoque advirtió que, más allá del posible sobrecosto, preocupan las condiciones de los cachorros y las madres en los criaderos antes de la adquisición, así como los protocolos de adopción y retiro de la unidad canina actual.
Hasta el momento no se ha establecido ninguna irregularidad fiscal o contractual, pero el cabildante aseguró que su derecho de petición buscará obtener información detallada sobre la cantidad de perros que conforman la unidad canina de la Secretaría, su estado de salud actual, los protocolos de retiro y las adopciones realizadas previamente. La administración distrital, por su parte, aún no ha emitido una respuesta detallada ni ha comparado oficialmente los precios de este proceso con otras contrataciones similares, por lo que la polémica sigue abierta mientras se espera que la entidad contratante sustente cada uno de los aspectos señalados.
