Concejales del Pacto Histórico denunciaron ante la opinión pública que la Alcaldía de Cali habría cedido gratuitamente el estadio Pascual Guerrero para los dos conciertos de Shakira, celebrados los días 25 y 26 de octubre de 2025, mientras reportes oficiales hablan de ingresos superiores a USD 20 millones y un detrimento patrimonial de hasta 3.000 millones de pesos. Según las denunciantes, Ana Erazo y María del Carmen Londoño, el alquiler de un escenario deportivo para un evento de esa magnitud suele rondar los 1.500 millones de pesos, y la autoridad municipal habría entregado el estadio por cero pesos, con la posible afectación de un promotor privado de Bogotá que habría obtenido beneficios indirectos a través del acuerdo.
La conversación pública se agranda cuando se incorporan datos sobre el impacto económico y la visibilidad institucional. Los documentos y testimonios señalan que pasadas las actuaciones, la ciudad habría obtenido un gasto de oportunidad que, para la crítica, excede los beneficios visibles. En este marco, la Universidad del Valle aparece como una institución directamente afectada por la normativa de ingresos de alquileres, con señalamientos de que, según el análisis de las concejalas, correspondería un 20% de los ingresos por alquileres y uso del estadio que no habría ingresado bajo el actual acuerdo. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Mabel Lara, ha defendido la gestión y ha defendido los resultados como parte de una estrategia de posicionamiento y crecimiento para Cali, citando que estas operaciones deben evaluarse con rigor y transparencia.
La controversia por el uso del Pascual Guerrero y sus implicaciones económicas
Entre las cifras reportadas, la Alcaldía habría informado ingresos por más de USD 20 millones, mientras que el presunto detrimento patrimonial podría ascender a COP 3.000 millones, una diferencia que ha encendido el debate en el Concejo y ante la opinión pública. La asistencia total a los dos recitales supera las 90.000 personas, y el análisis de impacto, apoyado por fuentes como Situr Valle, sitúa el efecto económico total en más de USD 20,53 millones. En términos de turismo, la primera fecha en Cali generó aproximadamente USD 3,6 millones en ingresos, y se señala que al menos la mitad de los asistentes no eran residentes de la ciudad, con una ocupación hotelera cercana al 94% durante el periodo de los conciertos. En paralelo, se indica que más de 21.600 visitantes estuvieron vinculados a las actividades y que el porcentaje de asistentes foráneos alcanzó un mínimo del 51%.
«a cambio de visibilidad con su sello Cali es donde debes estar» — Ana Erazo, concejala del Pacto Histórico
La discusión continúa con insistencia en que la ciudad debe garantizar estándares técnicos y de venue para eventos de alto impacto, y que el beneficio institucional no debe confundirse con regalos a terceros. Erazo agregó que Cali merece estar a la vanguardia de los grandes eventos, pero sostuvo que eso no autoriza al alcalde a firmar acuerdos aparentemente ilegales con promotores a cambio de promocionar su gestión. En palabras de Londoño, la ciudad no puede permitir que sus finanzas se vean afectadas por decisiones que, en su lectura, privilegian intereses ajenos a la institucionalidad y al erario público.
«No es posible que la ciudad, con tantos problemas financieros que tenemos, con tantos problemas de seguridad que tenemos, y el alcalde regalando el dinero. Es dinero de los caleños. Y 3.000 millones aproximadamente tenían que haber ingresado a las arcas del municipio por el empresario que le maneja los conciertos a Shakira» — María del Carmen Londoño, concejala del Pacto Histórico
La administración respondió a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con mensajes que enfatizan la importancia de la historia de Cali en la atracción de grandes eventos y la necesidad de mantener criterios técnicos y de transparencia. En RTVC Noticias, la funcionaria citada destacó que las puertas están abiertas para revisar las cifras con rigor y que la ciudad está comprometida a demostrar crecimiento y competitividad. En paralelo, se subrayó la idea de que los grandes eventos no deben entenderse como gastos, sino como inversión, empleo y posicionamiento para Cali.
«Las puertas están abiertas para revisar estas cifras con rigor y transparencia. Aquí seguimos, trabajando por una Cali que compite, se proyecta y se respeta. Los datos matan el relato y en Cali estamos decididos a hablar de cifras y demostrar que vamos en la senda de crecimiento» — Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, citada en RTVC Noticias
«Seguiremos gestionando estos espacios con criterios técnicos, evidencia y visión de ciudad. Porque los grandes eventos no son un gasto: son inversión, empleo y posicionamiento para Cali» — Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali
«Así funciona la industria y así compiten todas las ciudades. Como ocurrió con la COP16 o con las macrorruedas de ProColombia direccionadas por el Gobierno nacional, cuando una ciudad ‘alza la mano’ debe garantizar el venue y las condiciones técnicas mínimas. No es un privilegio: es el estándar global para atraer eventos de alto impacto» — Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali
En el contexto, el debate continúa con la perspectiva de que el promotor involucrado podría ser de Bogotá, lo que alimenta la discusión sobre la distribución de ingresos y la responsabilidad de la administración municipal en la planificación de estos proyectos. La Universidad del Valle permanece como un actor consultado en estas discusiones, con el argumento de que el 20% de los ingresos por alquiler y uso del estadio podrían haber sido no ingresados bajo el acuerdo actual, lo que intensifica las demandas de claridad y auditoría por parte de la ciudadanía y de las autoridades de control. Fuentes citadas en RTVC Noticias y Situr Valle, junto con la Universidad del Valle, figuran entre las referencias para sustentar estas denuncias y las investigaciones solicitadas por el Concejo.
Este tema continúa como una noticia en desarrollo, con la oposición buscando abrir una revisión ante la Contraloría y la Procuraduría y con respuestas oficiales que buscan sostener la legitimidad de la gestión. En medio del debate, Cali enfrenta una lectura dual: por un lado, la oportunidad de posicionarse como destino para grandes eventos y por otro, la responsabilidad de administrar con transparencia los recursos públicos y de garantizar que los beneficios lleguen a la ciudad en su conjunto. El cierre de esta historia dependerá de los resultados de las auditorías y de las revisiones técnicas que el municipio y las entidades pertinentes decidan emprender en los próximos días.
