En un debate de control político adelantado el 15 de octubre de 2026 en el Concejo de Bogotá, la concejala Tata Hernández denunció que 6.592 menores han sido víctimas de delitos sexuales durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, y presentó un proyecto de acuerdo para impedir que personas condenadas por estos delitos puedan contratar con el Distrito. La concejala estuvo acompañada por los cabildantes Samir Bedoya, María Clara Name, Elkín Huertas y Jesús Araque, quienes solicitaron fortalecer la respuesta institucional y las redes de apoyo para prevenir las agresiones en los hogares.
Las cifras presentadas por Hernández revelan un panorama crítico: entre enero y julio de 2026 se documentaron 1.605 casos de violencia intrafamiliar con menores como víctimas, y en lo corrido del año se registraron 21 suicidios infantiles y adolescentes. Además, entre 2024 y marzo de 2026 se reportaron 19.103 casos sospechosos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, lo que representa un promedio de 22 reportes diarios de abuso en la capital. De esos casos, cerca de 14.000 corresponden a víctimas niñas, y el 96% de las agresiones sexuales ocurrieron en el ámbito familiar. El 85% de las agresiones fue atribuido a padres de familia, el 8% a padrastros y el 2% a abuelos.
Rutas de atención y estrategias en construcción
La concejala reveló que la ruta de reporte de abuso sexual incluida en el Plan de Desarrollo de Bogotá aún está en construcción, lo que ha generado demoras en la atención a las víctimas. Hernández exigió a la administración distrital acelerar la implementación de medidas de prevención y protección de la niñez y presentar resultados concretos. “Bogotá no puede seguir fallándoles a sus niños. Necesitamos acciones concretas, rutas de atención que funcionen y resultados verificables. La protección de la niñez no puede quedarse en promesas”, declaró la concejala en el recinto del Concejo.
“Bogotá no puede seguir fallándoles a sus niños. Necesitamos acciones concretas, rutas de atención que funcionen y resultados verificables. La protección de la niñez no puede quedarse en promesas”
Tata Hernández, concejala de Bogotá
Como parte de su intervención, la concejala presentó un proyecto de acuerdo para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan contratar con el Distrito. La iniciativa busca cerrar cualquier espacio de relación contractual entre el Estado y quienes hayan sido sentenciados por estos crímenes. Además, los concejales propusieron capacitar a los docentes contratados por prestación de servicios en colegios de la ciudad sobre las rutas y procedimientos ante posibles hechos de violencia contra estudiantes.
Contratos y estrategia distrital
En el debate también se conoció que la Secretaría Distrital de Integración Social ha suscrito 28 contratos por más de 1.100 millones de pesos para prevenir y atender la violencia contra menores. Estas acciones hacen parte de la estrategia distrital “Cero Tolerancia a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes”, basada en un manejo social del riesgo. Las medidas incluyen matrices para detectar riesgos en jardines infantiles, iniciativas interinstitucionales, movilizaciones sociales y espacios para fortalecer las habilidades parentales de familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la concejala Hernández insistió en que, pese a estos esfuerzos, las cifras evidencian que la desprotección persiste y que se requieren resultados verificables que vayan más allá de las promesas.
