Ante el crecimiento de lo que denominan como un negocio multimillonario de gestación subrogada comercial en la capital, el Concejo de Bogotá impulsa la adopción del Protocolo “Bogotá No Se Alquila”, una iniciativa liderada por el cabildante Andrés Barrios, que busca frenar el turismo reproductivo y la explotación de vientres aprovechando los vacíos normativos existentes en el país. La propuesta, que actualmente se tramita en el Cabildo Distrital, pretende ejercer un control estricto sobre una industria que, según denuncian los concejales, instrumentaliza a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de pagos condicionados, bonos de éxito y captación por redes sociales, todo sin un control estatal efectivo.
El debate, que ha encendido las alarmas en el cabildo capitalino, se sustenta en cifras reveladoras sobre la magnitud del fenómeno. Según datos presentados por el concejal Barrios, un extranjero puede llegar a pagar alrededor de 60.000 euros, equivalentes a más de 260 millones de pesos colombianos, por un proceso completo de gestación subrogada. De esa cuantiosa suma, la mujer gestante recibe únicamente entre el 10% y el 27% del valor total, lo que, a juicio de los impulsores de la iniciativa, evidencia una relación asimétrica y explotadora. La gravedad del asunto se refleja también en que, durante el año 2024, se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad ante el Consejo Superior de la Judicatura, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reconoce que sus sistemas ni siquiera contemplan la categoría de maternidad subrogada, lo que implica que el Estado desconoce cuántos niños han estado involucrados en estas prácticas. A esto se suma un trágico antecedente: en 2026 se presentó un caso de muerte materna asociada a gestación subrogada en Bogotá, el cual no fue identificado preventivamente por el Distrito.
Cuatro ejes para cerrar espacios de impunidad
Frente a este panorama, el Protocolo “Bogotá No Se Alquila” se estructura en cuatro ejes fundamentales que buscan atacar el problema desde sus distintas aristas. En primer lugar, se pretende identificar y mapear la situación real de la gestación subrogada en el territorio bogotano. Como segundo punto, se enfoca en la prevención de la explotación y la protección de las mujeres gestantes, especialmente aquellas de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante, quienes son el blanco principal de las redes de captación que operan a través de plataformas como Facebook y WhatsApp, presentando la gestación subrogada como una oportunidad laboral. El tercer eje contempla el fortalecimiento del control sanitario sobre las clínicas y las redes de captación, mientras que el cuarto busca robustecer el sistema de registro civil y las comisarías de familia para ofrecer una respuesta integral ante una problemática que hoy encuentra a la Registraduría, Migración Colombia y las autoridades judiciales actuando de manera fragmentada.
Durante la presentación de la iniciativa en el Concejo, el concejal Andrés Barrios fue contundente al señalar que el debate no puede reducirse a la reproducción asistida, pues considera que el problema es de mayor gravedad. “Se está permitiendo que la vida humana tenga precio. Detrás del alquiler de vientres hay una cadena económica integrada por clínicas, agencias, reclutadores, abogados y procedimientos judiciales que comercializan niños para nacionales y extranjeros, aprovechándose de la necesidad económica de las mujeres y la ausencia de un marco jurídico suficiente”, advirtió el cabildante. Barrios fue más allá al afirmar que “estas dinámicas generan escenarios compatibles con explotación reproductiva e incluso riesgos asociados a la trata de personas”.
«El debate no puede reducirse a la reproducción asistida. Es más grave: se está permitiendo que la vida humana tenga precio.»
Andrés Barrios, Concejal de Bogotá
El concejal explicó que, si bien Bogotá no puede expedir por sí sola una ley nacional para prohibir la gestación subrogada, la capital sí puede ejercer plenamente sus competencias para proteger la dignidad humana, la salud de las mujeres y los derechos prevalentes de los niños. “Con el Protocolo ‘Bogotá No Se Alquila’ buscamos cerrar espacios de impunidad y prevenir la explotación reproductiva”, subrayó, haciendo eco de los reiterados llamados que la Corte Constitucional de Colombia ha hecho al Congreso y al Gobierno nacional para que regulen de forma integral las técnicas de reproducción humana asistida, con el fin de evitar la comercialización de la vida y la explotación de mujeres y niños. A nivel internacional, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres también ha advertido que la gestación subrogada puede constituir explotación reproductiva y ha recomendado su erradicación.
En la misma línea, la concejala Tata Hernández respaldó la iniciativa señalando que “no podemos permitir que el mercado de la subrogación pase por encima de la ley civil y de la protección de la niñez”. Hernández recordó que existen fallos del Tribunal Superior de Bogotá que establecen que la madre legal es la que da a luz y que ninguna mujer puede renunciar a sus obligaciones con los hijos por contrato privado, un principio jurídico que el protocolo busca reforzar. Según los concejales, el carácter altruista que se le atribuyó originalmente a la gestación subrogada en Colombia ha quedado desvirtuado, transformándose en un negocio donde se ofrecen pagos mensuales, compensaciones condicionadas a la entrega del bebé y bonos de “éxito” o “buen comportamiento”, prácticas que la iniciativa busca erradicar mediante el ejercicio pleno de las competencias distritales.
