El Concejo de Bogotá avanza en la implementación del Protocolo Distrital “Bogotá No Se Alquila”, una iniciativa que busca frenar la explotación reproductiva, la gestación subrogada comercial y el turismo reproductivo en la capital. Los concejales Andrés Barrios y Tata Hernández lideran la presentación de esta propuesta, que se dio a conocer durante el Cabildo Distrital, con el objetivo de regular una práctica que, al amparo de vacíos normativos, ha crecido de manera descontrolada en los últimos años.
Detrás de la gestación subrogada en Colombia se esconde un negocio millonario que, según las denuncias, explota a mujeres en situación de vulnerabilidad. Mientras un extranjero paga aproximadamente 60.000 euros, equivalentes a más de 260 millones de pesos colombianos, por un proceso completo, la mujer gestante recibe apenas entre el 10% y el 27% de ese valor. En 2024, el Consejo Superior de la Judicatura registró 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno. Además, en 2026 se reportó en Bogotá un caso de muerte materna asociada a la gestación subrogada, que solo fue identificado por el desenlace fatal, evidenciando la ausencia de rutas de prevención distritales.
Los cuatro ejes del protocolo
El Protocolo “Bogotá No Se Alquila” se estructura en cuatro líneas de acción. La primera busca garantizar que las gestantes tomen decisiones libres e informadas, evitando la captación engañosa. La segunda fortalece la inspección, vigilancia y control de clínicas, agencias e intermediarios que operan en el mercado de la subrogación. La tercera establece mecanismos de prevención y vigilancia del riesgo de trata de personas, mientras que la cuarta se enfoca en la coordinación institucional para proteger a los niños y niñas nacidos por gestación subrogada. El concejal Andrés Barrios explicó que, aunque Bogotá no puede expedir una ley nacional para prohibir la gestación subrogada, sí puede ejercer plenamente sus competencias para proteger la dignidad humana, la salud de las mujeres y los derechos prevalentes de los niños, cerrando espacios de impunidad y previniendo la explotación reproductiva.
“El debate no puede reducirse a la reproducción asistida. Es más grave: se está permitiendo que la vida humana tenga precio. Detrás del alquiler de vientres hay una cadena económica integrada por clínicas, agencias, reclutadores, abogados y procedimientos judiciales que comercializan niños para nacionales y extranjeros, aprovechándose de la necesidad económica de las mujeres y la ausencia de un marco jurídico suficiente”, denunció Barrios, quien agregó que estas dinámicas generan escenarios compatibles con explotación reproductiva e incluso riesgos asociados a la trata de personas.
Andrés Barrios, concejal de Bogotá
Por su parte, la concejala Tata Hernández, quien también denunció el caso de muerte materna en 2026, subrayó que no se puede permitir que el mercado de la subrogación pase por encima de la ley civil y de la protección de la niñez. Hernández citó fallos del Tribunal Superior de Bogotá según los cuales la madre legal es la que da a luz y ninguna mujer puede renunciar a sus obligaciones con los hijos por contrato privado.
“No podemos permitir que el mercado de la subrogación pase por encima de la ley civil y de la protección de la niñez”, afirmó Hernández.
Tata Hernández, concejala de Bogotá
Un negocio sin control
El aparente carácter altruista de la gestación subrogada en Colombia se ha convertido en un negocio multimillonario, según advierten los concejales. Las redes de captación buscan mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante a través de plataformas como Facebook y WhatsApp, presentando la subrogación como una oportunidad laboral. Se ofrecen pagos mensuales, compensaciones condicionadas a la entrega del bebé y bonificaciones conocidas como “bono de éxito” o “bono de buen comportamiento”. La Corte Constitucional de Colombia ha llamado reiteradamente al Congreso y al Gobierno nacional a regular integralmente las técnicas de reproducción humana asistida, mientras que la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres y las niñas advirtió que la gestación subrogada puede constituir explotación reproductiva y recomendó su erradicación.
El Estado colombiano carece de información integral sobre esta práctica. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, no tiene una categoría para maternidad subrogada en sus sistemas, mientras que la Registraduría, Migración Colombia y las autoridades judiciales intervienen de forma fragmentada. Esta falta de control permite que el negocio opere sin restricciones, afectando a las mujeres más vulnerables y dejando a los niños nacidos por subrogación en un limbo legal. Con el protocolo “Bogotá No Se Alquila”, el Concejo de Bogotá busca cerrar espacios de impunidad y sentar un precedente en la lucha contra la explotación reproductiva en la capital.
