El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma del impuesto de industria y comercio (ICA), un proyecto impulsado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y bautizado como «Acuerdo por una Ciudad Inteligente». La iniciativa, votada durante la sesión del 28 de septiembre, reorganiza las tarifas del tributo con el objetivo de aliviar la carga de la mayoría de comercios e industrias, mientras aumenta la presión sobre las actividades financieras, el tabaco y el alcohol. De acuerdo con lo aprobado, la entrada en vigencia será mayoritariamente el 1 de enero de 2027, una vez el proyecto pase a sanción del alcalde Galán.
La reforma, que se inscribe en un contexto de inflación anual del 6,29 por ciento en septiembre, reduce las tarifas para 275 actividades económicas y las aumenta para 169. Según las estimaciones del Distrito, el 82,9 por ciento de los comercios y el 89,6 por ciento de las industrias resultarán beneficiados con la disminución. Además, la iniciativa elimina el impuesto a la publicidad exterior visual y simplifica las categorías tarifarias, que pasarán de trece a siete. En la capital hay más de quince mil restaurantes oficiales; si se suman los informales, gastrobares y cafeterías, la cifra asciende a entre 42.000 y 48.000 unidades, muchos de ellos impactados positivamente por la medida.
Un alivio para unos, una carga para otros
Uno de los aspectos más destacados es el efecto concreto sobre los sectores beneficiados. Según los cálculos del socio de Auditoría de Crowe Co, Oscar Villarruel, sobre una base de mil millones de pesos en ingresos gravados, un restaurante ahorraría alrededor de 1,8 millones de pesos; un bar, 2,8 millones; y una editorial de libros, cuatro millones. Sin embargo, Villarruel advirtió que el beneficio real puede ser menor para aquellas empresas que descuentan el ICA como gasto en el impuesto sobre la renta, y recordó que el destino del ahorro —ya sea consumo, inversión, liquidez o empleo— determinará su efecto sobre la actividad económica. En sus palabras: “Cuando una empresa reduce una carga recurrente, el beneficio puede convertirse en capital de trabajo, menor endeudamiento, inversión o capacidad para sostener empleo”.
En contraste, las actividades financieras enfrentarán un aumento de la tarifa de 14 a 21 por mil, lo que significa un pago 50 por ciento mayor para las fintech. Este punto generó una fuerte controversia. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, pidió a los concejales rechazar el artículo que eleva la tarifa financiera y criticó duramente la decisión. “No hay forma de que Bogotá se llame la capital del emprendimiento mientras castiga a quienes innovan. Les pedimos a los concejales votar no a este artículo”, declaró Santos. Colombia Fintech argumenta que la medida castiga la innovación y la inclusión financiera, y señala que las startups colombianas levantaron 857 millones de dólares en 2025, de los cuales seis de cada diez recursos llegaron a fintech, según el Colombia Tech Report.
«Cuando una empresa reduce una carga recurrente, el beneficio puede convertirse en capital de trabajo, menor endeudamiento, inversión o capacidad para sostener empleo»
Oscar Villarruel, socio de Auditoría de Crowe Co
«No hay forma de que Bogotá se llame la capital del emprendimiento mientras castiga a quienes innovan. Les pedimos a los concejales votar no a este artículo»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
Los puntos críticos del tributo
Un tema central del debate es que el ICA se liquida sobre los ingresos y no sobre las utilidades, lo que afecta especialmente a empresas no rentables, particularmente las fintech. La reforma, sin embargo, introduce cambios relevantes para mitigar ese impacto: elimina las retenciones de ICA en pagos digitales de bajo valor para emprendedores y suprime dos impuestos. También mantiene el principio de territorialidad, es decir, que una empresa sigue sujeta al tributo aunque traslade su sede fuera de la ciudad.
El proceso legislativo aún no termina. Tras la aprobación en segundo debate, el proyecto debe pasar a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Según el exdirector de la Dian Lisandro Junco, la plenaria del Concejo solo puede introducir cambios formales o supresiones que no alteren el fondo de lo aprobado; una modificación sustancial obligaría a devolver el proyecto a la Comisión de Hacienda. La reforma se da en un momento económico mixto para el país: mientras las ventas minoristas crecieron 5,3 por ciento interanual en julio, la producción manufacturera cayó 2,3 por ciento y las ventas de las fábricas retrocedieron 1,8 por ciento en el mismo mes. Con estas cifras sobre la mesa, el Distrito apuesta a que la reducción de tarifas para la mayoría de sectores reactive la economía local, aunque el costo recaiga sobre las actividades financieras que hoy impulsan buena parte de la innovación en el país.
